El Gobierno pidió en Diputados aprobar sin cambios la ley de biocombustibles, pero las pymes del biodiésel exigen modificaciones

El proyecto de ley que reemplaza el régimen de biocombustibles vigente desde 2021 sigue en las comisiones de la Cámara de Diputados, seis semanas después de su aprobación en el Senado. El Gobierno pidió aprobarlo tal como llegó, y una parte del sector productor reclama cambios. En el centro de la discusión está el reparto del mercado interno de biodiésel entre las grandes aceiteras y las pymes que hoy lo abastecen.

El Senado aprobó el texto en general el 17 de septiembre, con 41 votos a favor, 25 en contra, ninguna abstención y seis ausencias^[1]. Votaron a favor La Libertad Avanza, la UCR (salvo Maximiliano Abad, que votó en contra), el Frente PRO y la mayoría de los bloques provinciales, entre ellos Convicción Federal, Primero los Salteños, Provincias Unidas y Movimiento por Misiones. En contra votaron el Frente Cívico por Santiago, Movere Santa Cruz y Justicia Social Federal. El bloque Justicialista votó en contra, con la excepción de Juan Luis Manzur, que votó a favor^[1].

Qué cambia el proyecto

Según la síntesis oficial del Senado, el nuevo marco regiría por 15 años y derogaría la ley 27.640. La mezcla obligatoria de biodiésel en el gasoil arrancaría en un mínimo del 7,5% y subiría al 10% a los 12 meses de sancionada la ley. La de bioetanol en las naftas partiría del 12% y llegaría al 15% en el mismo plazo^[2]. Del corte de bioetanol, el 6% quedaría reservado para la producción a base de caña de azúcar y otro 6% para la de maíz^[2].

El cambio de fondo está en la forma de comercializar. Las mezclas obligatorias se abastecerían mediante subastas en un mercado electrónico único, y se publicarían precios de referencia para el biodiésel y el bioetanol. El mercado de biodiésel tendría un período de transición hasta el 1 de enero de 2036^[2]. El texto también permite mezclas mayores al mínimo, regula el biometano y el combustible sostenible de aviación, y autoriza importaciones si falta oferta^[2]. La miembro informante, Flavia Royón (Primero los Salteños), dijo en el recinto que el proyecto busca «preservar y dar previsibilidad a las capacidades productivas existentes» y avanzar hacia un mercado «más competitivo, más transparente y abierto a nuevas tecnologías». Su texto unificó siete proyectos^[2].

El plenario de Diputados

En la Cámara baja, el proyecto ingresó como expediente 0058-S-2026 y fue girado a tres comisiones: Energía y Combustibles, Presupuesto y Hacienda, y Agricultura y Ganadería^[4]. El 20 de octubre, la Comisión de Energía y Combustibles, presidida por Facundo Correa Llano (La Libertad Avanza), recibió a una veintena de representantes del sector^[3]. Según la crónica oficial de la Cámara, los expositores coincidieron en que hace falta una nueva ley, pero varios pidieron cambios al texto del Senado. Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), figuró entre quienes defendieron la propuesta^[3].

La objeción más dura vino de Federico Martelli, director ejecutivo de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB). Martelli afirmó que «Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis elaboran el 65% del corte obligatorio de biodiesel». Sostuvo que «no puede haber consenso cuando esas compañías no apoyan la ley y exigen cambios, de lo contrario van a ir a la quiebra»^[3].

Por indicación de Correa Llano, las tres comisiones fueron convocadas a una reunión conjunta el miércoles 28 de octubre, con el proyecto como único tema^[4]. Allí habló Horacio Federico Veller, subsecretario de Hidrocarburos. Según la crónica oficial, afirmó que «hay una abrumadora mayoría de los actores que consideran que la ley actual (27.640) tiene un déficit de origen» y que esa norma «desalentó la inversión en Argentina»^[5]. Sobre el esquema vigente, dijo: «La Secretaría de Energía se convirtió en administradora de cupos y de precios, como si supiera de qué está hablando», «cuando el que verdaderamente sabe cómo administrarlo es el privado»^[5].

«Estamos ante un proyecto de ley que soluciona, que busca liberar las fuerzas que durante mucho tiempo estuvieron atadas.» (Horacio Veller, subsecretario de Hidrocarburos, 28 de octubre de 2026)^[5]

Veller pidió a los diputados la sanción definitiva con las modificaciones que ya había introducido el Senado. Dijo además que el Poder Ejecutivo está alineado con la decisión que tomó el Senado sobre el artículo 3 del proyecto, y agregó: «Entendemos que están en contra del artículo 3, pero también entendemos que es necesario llegar a consensos». La crónica oficial no detalla qué establece ese artículo ni a quiénes se refería. También dijo que «necesitamos llegar al punto en que el mercado sea libre, competitivo»^[5].

Sin dictamen anunciado

La crónica oficial dice que el plenario de comisiones «avanzó» con el debate, pero no informa la firma de un dictamen^[5]. Hasta este lunes, la Comisión de Energía y Combustibles no había publicado una nueva convocatoria sobre el proyecto^[6]. Sin dictamen, el texto no puede llegar al recinto por la vía ordinaria. Si Diputados le hace cambios, el proyecto debe volver al Senado. Ese es el escenario que el Ejecutivo pidió evitar.

La discusión enfrenta dos modelos de negocio. Bajo la ley 27.640, la Secretaría de Energía asigna los volúmenes de biocombustible para la mezcla obligatoria y fija los precios a los que las petroleras deben comprarlos. Además, la provisión de biodiésel para el corte queda reservada a productores que no exportan biodiésel ni sus insumos principales, lo que deja afuera a las grandes aceiteras exportadoras^[7]. El proyecto del Senado reemplaza ese reparto por subastas abiertas, con una transición hasta 2036^[2]. CEPREB acepta cambiar el régimen, pero no en esos términos. «Estamos de acuerdo en que hay que modernizar el régimen», dijo Martelli en Diputados, y agregó: «pero hacerlo no es mandar a la quiebra a 25 pymes y concentrar el negocio en seis aceiteras»^[3].