Quinta marcha federal universitaria: rectores, gremios y estudiantes reclaman que se cumpla la ley de financiamiento

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de las universidades públicas, el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA) encabezaron el jueves 15 de octubre la V Marcha Federal Universitaria. Leyeron una declaración conjunta titulada «Defender nuestros sueños, garantizar el futuro»^[1], el mismo texto que, según la Universidad Nacional del Nordeste, se leyó en distintos puntos del país^[10]. La convocatoria se extendió a otras ciudades. En Corrientes y en Resistencia, por ejemplo, la Universidad Nacional del Nordeste convocó a marchar hacia la plaza 25 de Mayo de cada ciudad para leer el mismo documento nacional^[9].

El reclamo central es que se aplique la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. Según la declaración, el Congreso y el Poder Judicial respaldaron esa norma, y la Justicia dictó «una medida cautelar que exige el cumplimiento inmediato de sus artículos 5 (salarios) y 6 (becas)»^[1].

Qué establece la ley

El artículo 5 obliga al Poder Ejecutivo a actualizar los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas por la inflación (IPC) acumulada entre el 1 de diciembre de 2023 y la sanción de la ley, y a convocar paritarias al menos cada tres meses. El artículo 6 ordena recomponer los programas de becas estudiantiles según el IPC acumulado entre el 10 de diciembre de 2023 y la sanción de la ley. El artículo 9 encarga al Ejecutivo actualizar el presupuesto universitario al 1 de enero de 2025, sin afectar la coparticipación ni los aportes del Tesoro a las provincias. Ese mismo artículo prevé que el costo pueda cubrirse con recursos corrientes que superen lo estimado en el presupuesto^[3].

El Gobierno vetó la ley y el Congreso insistió con dos tercios en ambas cámaras. El Ejecutivo la promulgó entonces con el Decreto 759/2025, publicado el 21 de octubre de 2025, «sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 24.629». En los considerandos sostuvo que el artículo 9 no constituye una fuente de financiamiento y que la ley quedaba suspendida «hasta tanto el H. CONGRESO DE LA NACIÓN determine las fuentes de su financiamiento»^[4].

El frente judicial

El CIN, un grupo de universidades y docentes, y por separado la Universidad de Buenos Aires, presentaron amparos contra ese decreto. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo de Martín Cormick, admitió la medida cautelar el 23 de diciembre de 2025. El 6 de octubre de 2026 dictó sentencia de primera instancia: declaró inconstitucional el decreto 759/2025 en la parte que remite al artículo 5 de la Ley 24.629 y ordenó al Poder Ejecutivo «el cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario»^[5]. Según el fallo, el decreto funcionó como «una figura de instancia de veto no prevista en la Constitución Nacional». La sentencia también recuerda que la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó el costo total de la ley para 2025 en el 0,23% del PBI nominal proyectado^[5].

El 14 de octubre, en el incidente cautelar, el juez dio por «verificado» el incumplimiento e hizo efectivo un apercibimiento del 30 de septiembre. Fijó astreintes, es decir, multas diarias, al titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros por $ 100.000 «en una primera etapa», y aclaró que podía cambiar los funcionarios alcanzados y el monto^[6].

El presupuesto 2027 en discusión

El reclamo llega mientras el Congreso analiza el proyecto de Presupuesto 2027. El 17 de septiembre, en una audiencia pública ante diputados y senadores, el CIN presentó su propio cálculo: $ 11 billones para las universidades nacionales, un 33% más que lo previsto por el Ejecutivo^[2]. El presidente del CIN, Franco Bartolacci, advirtió entonces que, sin cambios en el proyecto, «va a ser realmente muy difícil que las universidades abramos nuestras puertas el año que viene»^[2]. La declaración del 15 de octubre repite que el proyecto oficial no contempla lo que exige la ley y que el presupuesto universitario «debería incrementarse un 33,4 %»^[1]. Ese porcentaje es una estimación de las propias universidades. El Ejecutivo no publicó un cálculo propio del costo de cumplir la ley en 2027.

Además de los salarios, el documento menciona las becas y la ciencia. Denuncia «el virtual congelamiento de las Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas (EVC-CIN)», reclama la derogación del DNU 70/23 y advierte que «el éxodo de científicas y científicos que nuestro país formó es una realidad que debemos revertir de manera urgente». Cierra con la afirmación de que «la universidad pública argentina no es el problema de nuestro país»^[1].

Incidentes durante la marcha

Durante la tarde hubo enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas federales. A las 15:57 (hora argentina), la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, publicó un video de los incidentes con este mensaje: «Los mismos violentos de siempre. Quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada. El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia». Agregó que «quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia»^[7]. Esa noche publicó otro video con el texto «Así los universitarios reclaman sus derechos»^[8]. Ninguno de los dos mensajes identifica a las personas que aparecen en las imágenes ni aporta datos que permitan confirmar si pertenecen a la comunidad universitaria. La declaración de las organizaciones convocantes no menciona los incidentes^[1].

Corrección del 19/10/2026: una versión anterior decía que la declaración se leyó frente al Congreso y ubicaba allí los incidentes. Las fuentes oficiales citadas no indican el lugar, y el texto se ajustó.