Defiendo la escuela pública; por eso le exijo resultados, cuentas abiertas y clases sin política

En 1849 publiqué en Santiago de Chile un libro titulado De la educación popular. En su introducción escribí que «el poder, la riqueza y la fuerza de una nación dependen de la capacidad industrial, moral e intelectual de los individuos que la componen», y de allí deduje «la obligación de todo gobierno a proveer de educación a las generaciones venideras»^[1]. Sigo pensando lo mismo. Por eso no me es indiferente que el 15 de octubre rectores, gremios y estudiantes hayan marchado para pedir que se cumpla la Ley 27.795 de financiamiento universitario^[2], que el Ejecutivo promulgó y suspendió «hasta tanto el H. CONGRESO DE LA NACIÓN determine las fuentes de su financiamiento»^[3] y que un juez de primera instancia mandó cumplir el 6 de octubre^[4]. Pero quien defiende la escuela pública está obligado a decir también qué la degrada. Y lo que la degrada no es solo la falta de dinero.

Los resultados

La escuela se juzga por lo que aprenden los niños. En PISA 2025, publicada por la OCDE el 8 de septiembre, los alumnos argentinos de 15 años obtuvieron 367 puntos en matemática, 389 en lectura y 393 en ciencias, por debajo de 2022 en las tres materias; solo el 24% alcanzó el nivel mínimo de matemática, contra el 65% en la OCDE^[5]. En 2006 el país había sacado 381 en matemática^[6]: diecinueve años después estamos peor. En la prueba Aprender de 2024, el 54,6% de los alumnos del último año de la secundaria quedó por debajo del nivel básico en matemática^[7]. Esto no es una opinión; es la medida de una deuda con millones de niños.

La universidad que dio premios Nobel

La Universidad de Buenos Aires formó a Bernardo Houssay, Nobel de Medicina en 1947; a Luis Federico Leloir, Nobel de Química en 1970, y a César Milstein, Nobel de Medicina en 1984^[8][9][10]. Desde entonces ningún argentino volvió a ganar un Nobel de ciencias. La UBA conserva prestigio: el ranking QS 2027 la ubica en el puesto 84, primera de América Latina, aunque la propia universidad admite una «señal de alarma» en sus indicadores de ciencia^[11]. Pero el prestigio heredado no es rendimiento presente. En 2024 la UBA tuvo 304.567 alumnos de grado y 22.440 egresados^[12], y en 2023 solo el 18,7% de los estudiantes de las universidades públicas se graduó en el tiempo previsto por sus planes, contra el 40,8% en las privadas^[13]. Una casa de estudios que vive de la gloria de sus fundadores consume su capital sin reponerlo.

La inspección

En aquel libro dediqué el segundo capítulo a la inspección de las escuelas y escribí que era ya un axioma «que la instrucción primaria no puede progresar sin una poderosa y activa inspección»^[1]. Lo que vale para la escuela vale para la universidad. El dinero público que no se inspecciona termina mal: el 26 de agosto de 2025 un tribunal oral de Tucumán condenó a un exrector y a otros dos exdirectivos de la Universidad Nacional de Tucumán por defraudar a la universidad^[14]. La UBA, por su parte, se niega desde 2024 a que la audite la Sindicatura General de la Nación; su rector sostiene que la SIGEN «no posee las competencias para auditar a las universidades», y el pleito sigue en los tribunales^[15]. Es justo decir que la ley encarga el control externo de las universidades a la Auditoría General de la Nación^[16], que la UBA pidió ser auditada por ella^[17] y que la nueva ley de financiamiento lo repite^[18]. Pero cuando la AGN auditó la Facultad de Medicina, en un informe aprobado el 12 de febrero de 2026, aclaró que era la primera auditoría que hacía en esa facultad^[19]. Una institución que recibe la renta de todos no discute qué inspector le corresponde: abre sus libros a quien la ley mande y publica sus resultados sin que se los pidan.

La escuela no es un comité

En el mismo libro transcribí el lamento del gobernador Seward de Nueva York: el oficio de inspector de escuelas estaba «desgraciadamente envuelto en la organización política de los partidos»^[1]. Hoy el mal tiene otra forma. Según sus propios comunicados, la CTERA convocó dos paros nacionales entre 2012 y 2015, con Cristina Fernández de Kirchner; unos diecinueve entre 2016 y 2019, con Mauricio Macri; dos entre 2020 y 2023, con Alberto Fernández, y once desde diciembre de 2023, con Javier Milei, incluidas sus adhesiones a paros generales^[20]. En 2019 su central, la CTA, aprobó en un plenario «el apoyo a la fórmula Alberto Fernández – Cristina Fernández de Kirchner»^[21], y Hugo Yasky, dirigente de esa central, es hoy diputado de Unión por la Patria^[22]. Hay matices que no oculto: los conflictos provinciales no siguen ese patrón, y en 2014, con un gobierno peronista, se perdieron 6,5 millones de jornadas de trabajo en la educación, más que en 2016 o en 2019^[23]. Pero la huelga nacional, que es la que decide el gremio central, se enciende y se apaga según quién gobierna. El maestro tiene derecho a reclamar su salario; lo que no tiene es derecho a usar el día de clase de un niño pobre como prenda de una contienda partidaria. Ese día no se recupera.

Lo que pido

Que el Congreso fije en el Presupuesto 2027 la fuente de lo que la ley ordena, o que la cambie abiertamente. Que cada universidad abra sus cuentas a la auditoría y publique cada año cuántos alumnos ingresan, cuántos se gradúan y en cuánto tiempo. Que el calendario escolar sea de los niños y no de los partidos. Y que se mida, se publique y se corrija. Una república educa a sus ciudadanos también con el ejemplo de cuentas claras.