La Argentina pidió al Tribunal del Mar que frene el proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas

La Argentina pidió el martes 13 de octubre al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, que ordene al Reino Unido impedir que empiece la explotación de hidrocarburos del proyecto Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte. El Tribunal registró el pedido como caso número 37^[11] e informó que la fecha de la audiencia oral «se anunciará en breve»^[2]. Hasta el 18 de octubre, el Tribunal no había publicado ningún otro comunicado sobre el caso.

La Oficina del Presidente anunció la presentación ese mismo día, en un comunicado firmado por Javier Milei. Según el texto, la solicitud «busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas»^[1][10]. El Gobierno sostiene que la autorización viola la ley argentina y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR)^[3]; el Reino Unido afirma que la actividad se ajusta al derecho internacional, incluida la CONVEMAR^[6], y ningún tribunal internacional se pronunció sobre el fondo, que es lo que plantea el arbitraje.

Qué pide la Argentina

La solicitud lleva la firma del agente designado por la Cancillería y pide cuatro medidas: que el Reino Unido impida «el comienzo o la continuación» de la explotación de hidrocarburos de Sea Lion en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte; que no use la información obtenida en la exploración de las zonas en disputa en perjuicio de los derechos argentinos; que deje de impedir que la Argentina cumpla sus obligaciones de proteger el medio marino de esas zonas, y que se abstenga de cualquier otra medida que agrave la controversia, en particular de otorgar nuevos permisos de explotación^[2][3].

El pedido se apoya en el artículo 290, inciso 5, de la CONVEMAR. Mientras se constituye un tribunal arbitral, esa norma permite al Tribunal de Hamburgo dictar medidas provisionales si considera que, prima facie, el tribunal arbitral tendría jurisdicción y que la urgencia de la situación lo requiere^[2]. El comunicado presidencial menciona la urgencia, pero no el requisito de jurisdicción^[1].

El arbitraje empezó el 28 de septiembre, con una nota en la que la Argentina también pidió al Reino Unido que adoptara por sí mismo medidas provisionales. Según la presentación argentina, el Gobierno británico rechazó ese pedido en una nota del 11 de octubre y anunció que impugnará «vigorosamente» la jurisdicción del tribunal arbitral^[3]. El escrito explica por qué el caso va a un arbitraje: la Argentina eligió al Tribunal del Mar para resolver controversias y el Reino Unido, a la Corte Internacional de Justicia; si las partes no comparten foro, la Convención remite al arbitraje de su Anexo VII. La Argentina aclara que no pide que el tribunal decida sobre la soberanía de las islas, sino que proteja sus derechos sobre la plataforma continental mientras la disputa siga pendiente^[3].

La urgencia

La Argentina basa la urgencia en el calendario de las empresas. Rockhopper Exploration, socia del proyecto con el 35%, informó en su reporte semestral del 30 de septiembre que la primera fase de Sea Lion tiene 11 pozos, que la perforación empezaría a principios de 2027 y que el objetivo es extraer el primer petróleo en el primer trimestre de 2028, con un buque de producción de hasta unos 55.000 barriles diarios^[5]. El mismo reporte celebró que el gobierno de las islas extendiera todas las licencias de producción por un período inicial de cinco años, ampliable a dos más, con «el pleno apoyo» del Gobierno británico^[5]. Según la presentación argentina, el yacimiento está a unas 107 millas náuticas al norte de las islas y ocupa unos 541,4 km²^[3].

El escrito también cita una declaración de Navitas, operadora del proyecto, que Rockhopper difundió el 5 de octubre. Según ese texto, el desarrollo continúa con el respaldo del gobierno isleño y del británico, y «en esta etapa» Navitas no prevé un efecto adverso significativo sobre el proyecto^[3].

Los antecedentes en Hamburgo

La presentación argentina invoca el caso Ghana/Costa de Marfil. En ese caso, el 25 de abril de 2015, una sala especial del Tribunal no suspendió las actividades en los pozos ya perforados: consideró que hacerlo impondría a Ghana una carga indebida y podía dañar el medio marino. En cambio, le ordenó asegurar que no se hicieran nuevas perforaciones en la zona en disputa^[8]. Aquel era un conflicto de límites marítimos que ambos Estados habían llevado al Tribunal de común acuerdo^[8]. En Sea Lion, según las empresas, todavía no empezó la perforación^[5].

La Argentina ya obtuvo medidas provisionales de este Tribunal: el 15 de diciembre de 2012, por unanimidad, el Tribunal ordenó a Ghana liberar la fragata ARA Libertad^[9]. Desde el 1 de octubre, la vicepresidenta del Tribunal es la jueza argentina Frida María Armas Pfirter, elegida para el período 2026-2029 junto con el presidente, Maurice Kamga, de Camerún^[4].

La respuesta británica

El 12 de octubre, ante la Cuarta Comisión de la ONU, el Reino Unido calificó el arbitraje de «el último intento de socavar los derechos y los medios de vida» de los habitantes de las islas. Sostuvo que las actividades de hidrocarburos en la plataforma continental se regulan por la ley isleña y se realizan «en plena conformidad con el derecho internacional, incluida la CONVEMAR»^[6]. También recordó que en el referéndum de 2013 el 99,8% de los votantes eligió seguir siendo territorio británico de ultramar^[6].

El 13 de octubre, el Gobierno británico anunció que aplicará su legislación de Protección de Intereses Comerciales para impedir que personas y empresas británicas cumplan medidas extraterritoriales argentinas contra la actividad en las islas, y que busca que rija antes de fin de año^[7]. «Las empresas deben ser libres de tomar decisiones comerciales lícitas sin la amenaza de la coerción política», dijo el secretario de Asuntos Exteriores británico, Ed Miliband^[7]. El anuncio no menciona la presentación ante el Tribunal^[7].

El comunicado argentino reafirma los «legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía» sobre las Malvinas, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y termina: «Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas»^[1].