El superávit de septiembre llegó con menos gasto real, que es el verdadero impuesto: el paso siguiente es bajarlo más

Cuando me preguntan cuánto le cuesta el Estado a un país, no contesto con el déficit: contesto con el gasto. Todo lo que el Estado gasta lo paga alguien, con impuestos hoy, con deuda mañana o con inflación, a la que Rose y yo llamamos en Libertad de elegir «el peor de los impuestos ocultos»[11]. El déficit sólo dice qué parte de la cuenta se pasa a otro momento o a otra forma de cobro. Por eso las cifras que la Secretaría de Hacienda de la Argentina publicó el 16 de octubre me parecen una buena noticia, y no sólo por el saldo.

Una tendencia que se sostiene

En septiembre de 2026, el Sector Público Nacional tuvo un superávit financiero de $ 977.173 millones, después de pagar $ 450.467 millones de intereses, y un superávit primario de $ 1.427.640 millones[1]. Un año antes, el excedente había sido de $ 309.623 millones[2]; descontada la inflación de 33,4% en doce meses que midió el INDEC, el de este septiembre es 137% mayor en términos reales[1][2][3]. En septiembre de 2023, en cambio, el sector público había tenido un déficit financiero de $ 511.533 millones, unos $ 2,78 billones a precios de septiembre de 2026[4][3][5]. Pasar de aquel rojo a este superávit no es obra de un mes, sino de una política sostenida: el país cerró 2024 y 2025 con superávit financiero, de 0,3% y 0,2% del producto[9], y en los nueve meses de 2026 acumula alrededor de 0,3%, desde 0,2% a agosto[1][6].

Ese acumulado todavía está debajo del 0,4% de igual período de 2025, por el déficit de junio, que Hacienda atribuyó al pago de aguinaldos a jubilados y pensionados y a la postergación a julio de vencimientos del impuesto a las Ganancias[1][2][8]. Los meses siguientes son coherentes con esa explicación: julio, agosto y septiembre volvieron a cerrar con superávit[7][1].

Lo que importa es el gasto

Un presupuesto se equilibra gastando menos o cobrando más, y no da lo mismo una cosa que la otra: lo segundo deja intacto el peso del Estado sobre la gente. Lo que más me interesa es que el gasto primario, de $ 14.456.945 millones, creció 32,2% en un año, menos que los precios; es decir, bajó en términos reales[1][3]. También quedaron por debajo de la inflación las prestaciones sociales (+29%), las remuneraciones (+32,1%), los subsidios económicos (+29,8%), las transferencias corrientes (+17,1%) y el gasto de capital (+16%)[1]. No todo bajó: los subsidios a la energía subieron 44,1%, que el ministerio explica por la decisión de moderar para los usuarios residenciales el salto en los precios del gas, y las transferencias a las universidades, 42,4%, por el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con ellas en el marco de la ley que aprobó el Congreso en 2025[1]. Aun así, el total se movió en la dirección correcta.

Los ingresos, en cambio, crecieron 36,5%, y los tributarios, 37,2%, por encima de la inflación[1][3]. Parte del superávit viene de ahí, y no es esa la parte que celebro: cada peso que el Estado deja de gastar es un peso de impuesto, explícito u oculto, que alguien deja de pagar; cada peso más que recauda, no. Lo valioso de septiembre es que el gasto bajó al mismo tiempo.

La condición para vencer la inflación

«En el mundo moderno, la inflación es un fenómeno de la imprenta», escribimos en 1980[11]. Un gobierno que gasta más de lo que recauda y no consigue quien le preste termina pagando con dinero nuevo, y ese dinero sube los precios. Más adelante agregamos: «así como el gasto público elevado es una de las razones del crecimiento monetario excesivo, un gasto público menor es uno de los elementos que pueden contribuir a reducir el crecimiento monetario»[11]. Las cuentas en orden no bastan por sí solas para terminar con la inflación, que depende de cuánto dinero se crea; pero sin ellas ningún programa monetario resiste. Con una inflación que todavía fue de 33,4% en los doce meses a septiembre[3], la Argentina ya tiene puesta esa condición, y lo que más vale ahora es la constancia: la cura de una inflación arraigada, advertimos entonces, lleva tiempo.

El paso siguiente

En aquel libro sostuvimos que «una reducción gradual de la fracción de nuestro ingreso que gasta el gobierno sería una contribución importante a una sociedad más libre y más fuerte»[11]. El paso siguiente es que el gasto siga bajando en términos reales para que los impuestos puedan bajar con él, y que el equilibrio deje de depender de la voluntad de cada año. Las enmiendas constitucionales que defendíamos en 1980 para poner un tope al gasto darían al gobierno «un presupuesto limitado, especificado de antemano, del mismo modo que cada uno de nosotros tiene un presupuesto limitado»[11]. El proyecto de Presupuesto 2027 mantiene el rumbo: según la Oficina de Presupuesto del Congreso, deja al Sector Público Nacional con un superávit de $ 3,3 billones, 0,2% del producto[10].

Un saldo positivo es una buena noticia. Un gasto que baja en términos reales es una noticia mejor, porque es el impuesto que la gente deja de pagar.