La Cámara de Diputados de Paraguay fue convocada a una sesión extraordinaria para este jueves, en la que tratará la acusación de juicio político contra Santiago Peña por el caso ueno

La Cámara de Diputados de Paraguay fue convocada para este jueves 5 de noviembre, a las 10:00 (hora de Asunción, la misma que en Buenos Aires), a una sesión extraordinaria en la que tratará la acusación de juicio político contra el presidente Santiago Peña. El motivo es la crisis de ueno bank, el banco digital intervenido por el Banco Central del Paraguay (BCP). La convocatoria figura en la Resolución N.° 4699 del 4 de noviembre, firmada por el presidente de la Cámara, Raúl Latorre, que la Cámara difundió en sus cuentas oficiales^[1].

La resolución fija como «único punto del Orden del Día» el proyecto «por la cual se formula acusación ante la Honorable Cámara de Senadores, contra el Presidente de la República, Don Santiago Peña Palacios, a los efectos de la instauración del juicio político previsto en el artículo 225 de la Constitución Nacional» (expediente D-2696185). El texto aclara que el proyecto fue girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales^[1]. Una segunda resolución, la N.° 4700, convoca a otra sesión extraordinaria «al término» de la primera para tratar la acusación contra el vicepresidente Pedro Alliana (expediente D-2696186)^[1].

Qué le reprochan

El pedido llegó el miércoles 4, cuando 35 diputados presentaron los libelos acusatorios contra los dos mandatarios, según la Dirección de Comunicación de la Cámara^[2][3]. De acuerdo con el resumen oficial, la acusación contra Peña le atribuye «en primer término, un conflicto de intereses derivado de su participación en Ueno Holding». Además le reprocha haber designado al frente del BCP a Carlos Carvallo, expresidente de Financiera ueno, haber impulsado cambios en la ley de conflictos de intereses y haber permitido que fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) se concentraran en ueno bank «superando los límites establecidos por la normativa vigente»^[2].

Al vicepresidente Alliana los firmantes le atribuyen haber operado «para blindar legislativamente la crisis de la entidad financiera», haber avalado colocaciones de fondos jubilatorios y haber callado ante advertencias sobre excesos en los límites de crédito a empresas vinculadas. La tesis central de ambos libelos es «que los altos mandatarios conocían la situación crítica de la entidad y, aun así, subordinaron el interés público a intereses privados»^[2]. Son acusaciones de los diputados firmantes. La Cámara no publicó el texto completo de los libelos ni los documentos que los respaldan.

Antes de la acusación, las inversiones del IPS en el banco ya habían motivado un pedido de investigación desde el propio Partido Colorado. El diputado colorado Yamil Esgaib, que preside la Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social, pidió el 4 de noviembre una investigación «inmediata, transparente y exhaustiva» y anunció que su comisión requerirá la documentación de los depósitos y certificados de depósito de ahorro (CDA) constituidos con fondos previsionales en la entidad^[8].

Qué hizo Peña

El 3 de noviembre, tras la intervención, Peña pidió la renuncia de Carvallo y sostuvo que ueno es «un caso particular de una entidad, no del sistema financiero nacional»^[6]. El BCP no publicó datos del resto del sistema que permitan comprobar esa afirmación de manera independiente. Al día siguiente, Peña promulgó la Ley N.° 7.745, que adelanta el pago de la garantía de depósitos para que los ahorristas cobren «en el menor tiempo posible una parte de los fondos»^[7]. Hasta la mañana del 5 de noviembre, ninguna de sus publicaciones en X se refería a la acusación.

Cuántos votos hacen falta

El artículo 225 de la Constitución establece que el presidente puede ser sometido a juicio político «por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes». La acusación «será formulada por la Cámara de Diputados, por mayoría de dos tercios», y el Senado juzga y puede declarar culpable al acusado «al sólo efecto de separarlo de sus cargos»^[4].

Esas mayorías no se cuentan igual en las dos cámaras. Según el artículo 185, la «mayoría de dos tercios» de Diputados se calcula sobre «las dos terceras partes de los miembros presentes»: si asisten los 80 diputados, la acusación necesita 53 votos, y con menos presentes, el número baja. En el Senado, en cambio, rige la «mayoría absoluta de dos tercios», es decir, dos tercios del total de miembros: 30 de los 45 senadores^[4].

Los 35 firmantes no alcanzan esa cifra por sí solos. La mayoría de las 80 bancas pertenece a la Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado), el partido de Peña, según la nómina oficial de la Cámara^[5]. Por eso el resultado depende de cuántos colorados acompañen la acusación y de cuántos diputados estén en el recinto al momento de votar.