El Consejo Federal contra la Trata se reunió en Bariloche y la PROTEX presentó un informe sobre reparaciones a víctimas

El Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas hizo su XXV encuentro el 27 y el 28 de octubre en San Carlos de Bariloche, en el salón de la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB). Participaron organismos nacionales y provinciales, el Poder Judicial y organizaciones de la sociedad civil. La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) del Ministerio Público Fiscal estuvo representada por el fiscal general Marcelo Colombo y el auxiliar fiscal Rodrigo Coto Araujo, según informó el organismo el 2 de noviembre^[1][2].

La apertura estuvo a cargo de Santiago Viola, secretario de Justicia de la Nación y coordinador nacional del Consejo. También estuvieron Zaida Gatti, coordinadora del Programa Nacional de Rescate y Asistencia a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata; Ximena Albornoz, directora nacional de Investigaciones de Delitos de Trata y contra la Integridad Sexual del Ministerio de Seguridad; y Verónica Toller, directora operativa del Comité Ejecutivo. Asistieron además autoridades de Río Negro y de la Ciudad de Buenos Aires y representantes de la Corte Suprema^[1]. Entre los participantes estuvieron el senador nacional Enzo Fullone (La Libertad Avanza, Río Negro) y el secretario de Derechos Humanos de Santa Fe, Emilio Jatón, que publicaron fotos del encuentro en sus cuentas de X^[7][8].

Qué es el Consejo

El Consejo fue creado en diciembre de 2012 por la Ley 26.842, que reformó la Ley 26.364 de 2008. Esa ley lo integra con representantes de varios ministerios, de las dos cámaras del Congreso, del Poder Judicial, de cada provincia y de la Ciudad de Buenos Aires, y con tres organizaciones no gubernamentales. Su primera función es «diseñar la estrategia destinada a combatir la trata y explotación de personas». La misma ley creó el Comité Ejecutivo, formado por los ministerios de Seguridad, Justicia, Desarrollo Social y Trabajo, que debe llevar un registro nacional de datos sobre estos delitos^[4]. La reunión de Bariloche había sido confirmada en el XXIV encuentro, que se hizo en Salta, y la organizó el Ministerio de Seguridad de la Nación, según el Gobierno de Río Negro^[3].

En la primera jornada se designó a los integrantes de la Coordinación Nacional y de la Secretaría Técnica, y se sortearon las organizaciones no gubernamentales que integrarán el Consejo en 2027 y 2028. Toller presentó el estado del Plan Nacional contra la Trata y Explotación de Personas 2024-2026^[1].

Captación por internet

Albornoz presentó un relevamiento preliminar sobre nuevas formas de trata y explotación entre 2020 y 2026. Según la exposición del Ministerio de Seguridad, «las transformaciones más visibles del delito de trata de personas se ubican en la digitalización de los procesos de captación y explotación de personas». Las redes sociales, las aplicaciones de mensajería, las plataformas de videojuegos y las de creación de contenidos aparecen como los nuevos canales por los que se capta a las personas «y en algunos casos, se las explota». El ministerio pidió actualizar las herramientas de prevención y mejorar el manejo de la prueba digital^[1]. Ni el comunicado ni el ministerio publicaron el relevamiento ni cifras que permitan medir ese cambio.

Reparaciones a las víctimas

La PROTEX presentó una actualización sobre las reparaciones económicas que ordenaron los tribunales orales federales de todo el país. Para hacerla relevó de forma sistemática las sentencias y registró qué parte de las condenas dispuso reparaciones, la cantidad de víctimas, los montos y los bienes decomisados. Según la Procuraduría, «la proporción de condenas que dispusieron reparaciones económicas registró, en términos generales, un incremento» desde que se aplican estas medidas, «aunque con fluctuaciones interanuales». El seguimiento se hace con la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes, en el marco de la Ley 27.508, de 2019^[1]. El comunicado no da ninguna de esas cifras: no dice qué proporción de las condenas ordena reparaciones, ni cuántas víctimas ni qué montos alcanza.

La Ley 27.508 creó el «Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata», un fideicomiso público que debía pagar a las víctimas, entre otros recursos, con los bienes decomisados a los condenados. El Decreto 1048/2024 disolvió ese fondo (artículo 7) y derogó los dos primeros artículos de la ley, el que lo creaba y el que definía a sus beneficiarios (artículo 8)^[5]. En abril de 2023, la PROTEX había informado que, desde que el fondo empezó a operar en octubre de 2021, se habían pagado restituciones económicas a 45 víctimas^[6]. El comunicado sobre Bariloche no dice cómo se pagan ahora las reparaciones que ordenan los tribunales.

En la segunda jornada se trataron los nuevos desafíos de la asistencia a las víctimas, el uso de sus declaraciones en los juicios y la gestión de las causas con el Código Procesal Penal Federal. El próximo encuentro del Consejo será en abril de 2027 en la Ciudad de Buenos Aires^[1].