Condenaron en Salta a dos camioneros bolivianos a cuatro años y ocho meses por intentar sacar a Bolivia 35 toneladas de un precursor químico de la cocaína

La jueza Marta Liliana Snopek, del Tribunal Oral Federal N° 1 de Salta, que actuó en forma unipersonal, condenó a los camioneros bolivianos Juan Carlos Nina González y Carlos Puma García a cuatro años y ocho meses de prisión por el intento de sacar del país hacia Bolivia 35.144 kilos de acetato de etilo, una sustancia que se usa para refinar clorhidrato de cocaína. El Ministerio Público Fiscal (MPF) informó la sentencia el 2 de noviembre^[1][2].

Según el MPF, la audiencia se hizo el 22 de octubre. Las condenas salieron de acuerdos plenos entre la Fiscalía y las defensas: los dos acusados aceptaron la calificación legal y las penas que había propuesto la acusación^[1].

Qué delitos y qué penas

Los dos camioneros fueron condenados por tentativa de contrabando agravado de precursores químicos, con uso de un documento adulterado, en concurso ideal con el ingreso no autorizado de precursores a una zona de frontera. Además de la prisión, la jueza les impuso inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena y las sanciones accesorias del artículo 876 del Código Aduanero^[1].

El tribunal decomisó la sustancia y los teléfonos secuestrados. En el caso de Puma García, también decomisó el tractor y el semirremolque del camión que manejaba^[1].

La causa estuvo a cargo del fiscal federal subrogante Marcos Romero, titular de la Sede Fiscal Descentralizada Orán, con la fiscal auxiliar Alejandra Morales Barberá y el investigador Francisco Mena^[1].

El control en Aguas Blancas

El caso empezó el 16 de marzo de 2026, cuando Gendarmería Nacional paró dos camiones en el paso fronterizo de Aguas Blancas–Bermejo, en Salta. Llevaban 191 tambores con 35.144 kilos de acetato de etilo. La carga había entrado a la Argentina desde Uruguay y atravesó el norte y el litoral del país rumbo a Bolivia. Según el MPF, la documentación indicaba que debía salir por el paso de Salvador Mazza, y no por Aguas Blancas, y tenía como destino final Cochabamba^[1].

Un test hecho en el lugar sobre una muestra dio como resultado acetato de etilo, y el laboratorio de la Policía Federal lo confirmó después. La sustancia figura en el Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE), que controla el comercio de los químicos que pueden desviarse para fabricar drogas. La Fiscalía valuó la carga en $ 167.608.459^[1].

La investigación determinó que la autorización de tránsito internacional que presentaron los choferes era falsa: estaba hecha con el formato del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) de la administración pública, y se le habían agregado las patentes de los dos camiones, que no estaban habilitadas para esa operación^[1].

La pista boliviana

La Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) trabajó con el punto de contacto de Bolivia en la Red de Fiscales Antidroga de Latinoamérica (RFAI), que funciona dentro de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP). Por esa vía, la Fiscalía recibió documentos de una investigación boliviana en la que se allanaron depósitos de acetato de etilo. Uno de ellos, en Cochabamba, estaba vinculado con la empresa destinataria y no tenía habilitación para guardar sustancias químicas. Según el MPF, eso reforzó la sospecha de que la carga iba a desviarse a la producción de droga^[1].

El comunicado no informa si la investigación sigue abierta en la Argentina sobre otras personas o sobre las empresas que figuran en la documentación, ni si los condenados pueden cumplir la pena en Bolivia^[1].