Mudar una cárcel no es reformarla

En 1831 recorrí con Gustave de Beaumont las penitenciarías de los Estados Unidos, por encargo del gobierno francés, y dos años después publicamos lo que habíamos aprendido. Desde entonces creo que las prisiones de un pueblo dicen de él tanto como sus leyes. Por eso sigo con atención lo que ocurre estos días entre Villa Devoto y Marcos Paz.

El jueves 8 de octubre, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, firmaron el acta de recepción provisoria del Complejo Penitenciario Federal VIII, en Marcos Paz, que alojará a las personas detenidas hoy en Devoto. Para la mudanza, el Ministerio de Seguridad Nacional creó un Comando Unificado Federal que reúne al Servicio Penitenciario Federal y a las fuerzas federales de seguridad, bajo la coordinación general del director nacional del Servicio[1]. El domingo 11, primera jornada del operativo, las cinco fuerzas federales trasladaron a 326 presos, según informó la ministra[2].

Lo que puede el poder central

Es una obra del poder central, y no la desprecio. Al estudiar el régimen penal inglés, Beaumont y yo escribimos que, cuando el gobierno ha resuelto un cambio, «la centralización le da grandes facilidades para ejecutarlo», aun cuando la opinión pública no lo reclame[3]. Mover cientos de detenidos en un día, con cinco fuerzas bajo una sola coordinación, es una prueba de esa facilidad, y trasladar presos con seguridad es un deber elemental del Estado. Pero en la misma página advertimos el reverso: cuando es la opinión pública la que pide una innovación, basta que los agentes del gobierno no la favorezcan para que no se haga[3]. La mudanza la decidió el gobierno; la reforma de lo que ocurre adentro dependerá de que alguien, desde afuera, la siga reclamando.

Siempre distinguí, además, entre la centralización del gobierno, sin la cual una nación no puede prosperar, y la centralización de la administración, que, escribí, solo sirve «para enervar a los pueblos que se someten a ella, porque tiende sin cesar a disminuir entre ellos el espíritu de ciudadanía»[4]. El traslado es tarea del poder central; la vida de la prisión en los años que vienen necesitará además la mirada de los jueces, de las familias, de los defensores y del público.

El despotismo detrás de los muros

Hay una razón más profunda para esa vigilancia. Beaumont y yo escribimos que, mientras la sociedad de los Estados Unidos daba el ejemplo de la libertad más extensa, sus prisiones ofrecían «el espectáculo del más completo despotismo»[3]. No lo dijimos como reproche: aquel régimen era severo, y lo juzgamos legítimo para quienes habían dejado de ser libres por violar la ley. Pero precisamente porque dentro de los muros el poder es casi absoluto, la ley y la publicidad deben acompañarlo hasta la puerta de cada celda.

Esa severidad tiene, además, un límite. Quienes esperan juicio, recordamos, «son a veces inocentes», y mezclarlos entre sí «es necesariamente confundir el crimen con la inocencia» y exponer a esta a una contaminación de la que debe ser preservada[3]. La corrupción que nace del trato de los condenados entre sí en una prisión común nos parecía un hecho tan probado que no necesitaba demostración[3]. Un complejo nuevo es la ocasión de hacerlo bien desde el principio: separar al procesado del condenado, impedir que la noche reúna a los detenidos para enseñarse el delito y llenar el día con trabajo e instrucción. Un edificio, sin embargo, no es un sistema penitenciario: el sistema es la disciplina que se practica adentro.

Hábitos, no milagros

No prometo milagros. Dudamos de que la prisión convirtiera a los criminales en hombres virtuosos y nos conformamos con una ambición más modesta y más útil: «Quizá al salir de la prisión no sea un hombre honesto, pero ha contraído hábitos honestos»[3]. Con ese patrón deberá juzgarse Marcos Paz dentro de diez años, y no por la eficacia de una mudanza.

Para juzgarlo hacen falta números. Por eso acompañamos nuestro estudio con notas estadísticas[3]: una reforma penitenciaria se mide por cifras sostenidas en el tiempo, no por el entusiasmo de su primer día. El comunicado del 8 de octubre no informa la capacidad del complejo[1]. Sería un buen comienzo que el Servicio Penitenciario Federal publicara, con regularidad, cuántos internos aloja cada unidad, cuántos esperan sentencia, cuántos trabajan o estudian y cuántos vuelven a delinquir después de salir.

Tampoco conviene que el Estado cargue solo con la tarea. En los Estados Unidos, las primeras casas de refugio para jóvenes delincuentes se levantaron en Nueva York en 1825, en Boston en 1826 y en Filadelfia en 1828, y escribimos que allí podía juzgarse «cuán grande es, en los Estados Unidos, el poder de la asociación»[3]. Las asociaciones de ciudadanos que visitan presos, enseñan oficios o ayudan al liberado a conseguir trabajo no compiten con el Estado: hacen lo que ninguna administración puede hacer desde lejos.

El traslado de Devoto puede ser el comienzo de una reforma o solo un cambio de domicilio. La diferencia no la marcará la jornada del domingo, sino lo que la ley, los ciudadanos y la estadística exijan durante los próximos años.