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Industria · GNL en Río Negro

Un juez federal de Viedma rechazó frenar las obras de GNL de Southern Energy en el Golfo San Matías mientras sigue el juicio ambiental

Hugo Horacio Greca rechazó la medida cautelar que habían pedido dos organizaciones ambientalistas. Según el juez, no demostraron que hubiera urgencia ni que su reclamo tuviera fundamento suficiente. La demanda de fondo no fue resuelta.

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Redacción Método Crítico · Buenos Aires · · 4 fuentes citadas
Descarga de caños para el gasoducto San Matías Pipeline en el puerto de San Antonio Este
Descarga de los caños del buque Vigor OL en el puerto de San Antonio Este, en agosto de 2026[3]. Foto: Gobierno de Río Negro · Foto oficial

El juez federal subrogante de Viedma, Hugo Horacio Greca, rechazó el 13 de noviembre la medida cautelar con la que dos organizaciones ambientalistas pedían suspender las obras del proyecto de gas natural licuado (GNL) de Southern Energy en el Golfo San Matías, en Río Negro, hasta que hubiera sentencia definitiva.[1] La resolución solo decide sobre esa medida. La acción preventiva de daño ambiental que iniciaron la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) contra la empresa sigue en el mismo expediente, el 4969/2026.[1]

Según su comunicado del 1 de diciembre de 2025 con la compradora alemana SEFE, Southern Energy pertenece a Pan American Energy (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%) y Golar LNG (10%). La empresa prevé dos buques de licuefacción en el golfo: el Hilli Episeyo, que producirá 2,45 millones de toneladas anuales desde fines de 2027, y el MK II, que sumará 3,5 millones desde fines de 2028. La compañía informó una inversión de más de US$ 15.000 millones a lo largo de 20 años de operación.[2]

Qué pedían los ambientalistas

La demanda busca que la empresa se abstenga de iniciar o continuar las obras y de licuar, almacenar y transferir gas en el golfo «hasta tanto se realice en legal forma el procedimiento de Evaluación de Impactos Ambientales de la totalidad del proyecto». La cautelar pedía además prohibir «todo movimiento de suelo, modificación del sector costero, obras marítimas, obradores, manejo y/o acopio de combustibles» hasta la sentencia.[1] Las organizaciones sostienen que la aprobación ambiental de la provincia para la primera etapa, dada por las resoluciones 247 y 322 de 2025, fue «irregular, deficiente e incompleta». También piden que se declare inconstitucional el artículo 15 de la ley provincial 5594, que derogó la parte de la ley 3308 que prohibía instalar ductos y terminales petroleras en el golfo.[1]

Al comienzo, el juzgado se había declarado incompetente. La Cámara Federal revocó esa decisión y la causa volvió a Viedma.[1] El 28 de octubre, las demandantes sumaron como hecho nuevo la llegada del buque Vigor con 3.487 caños para el gasoducto San Matías Pipeline.[1] Ese barco había llegado en agosto desde la India, y los caños se descargaron en el puerto de San Antonio Este.[3] El 11 de noviembre, las organizaciones informaron una denuncia del fiscal de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, según la cual Harbour Energy, antes llamada Premier Oil, está inhabilitada en el país por haber operado cerca de las Islas Malvinas sin autorización.[1]

La causa contra el GNL en el Golfo San Matías [1]
  1. 10 de mayo de 2023El Superior Tribunal de Río Negro les niega legitimación a las demandantes en la causa Inalafquen contra la ley 5594.
  2. 25 de noviembre de 2025Desembarco de 10.000 toneladas de tuberías para el gasoducto, citado en la demanda.
  3. 28 de octubre de 2026Las demandantes suman la llegada del buque Vigor con 3.487 caños.
  4. 11 de noviembre de 2026Informan la denuncia del fiscal Sergio Rodríguez sobre Harbour Energy.
  5. 13 de noviembre de 2026El juez Hugo Horacio Greca rechaza la cautelar e intima a la asociación de abogados.
Fuente: Juzgado Federal de Viedma (Poder Judicial de la Nación)[1].

Los fundamentos del juez

Sobre el peligro en la demora, Greca escribió que la demanda «sólo invoca generalidades». Según el juez, la llegada de los caños es el único hecho nuevo pertinente y «no muestra un avance cualitativo» respecto del desembarco de 10.000 toneladas de tuberías del 25 de noviembre de 2025, que ya figuraba en la demanda. «Ese peligro debe analizarse […] en relación a las consecuencias del acto (dañinas al ambiente, en el caso), no en relación al acto mismo», escribió. Sobre Harbour Energy, consideró que el planteo no parece ser materia de este proceso ambiental.[1]

En cuanto a la verosimilitud del derecho, el juez señaló que las demandantes no presentaron el acto administrativo que impugnan, el certificado de aptitud ambiental. Agregó que la documentación aportada fue elaborada «por las mismas partes» o proviene de «organismos que respaldan su postura». En esta etapa, el planteo le pareció «una diferencia de criterio en la aplicación de normas administrativas locales». Como la cautelar equivalía a adelantar la sentencia, sostuvo que hacía falta «una cuasi certeza de derecho». También aclaró que la Cámara no tuvo por acreditados los riesgos del proyecto: solo los valoró para definir la competencia federal.[1]

Por último, el juez sostuvo que frenar las obras afectaría «compromisos económicos de inversión ya asumidos, los mayores en la historia de la inversión privada argentina». También mencionó los acuerdos entre Río Negro e YPF, los compromisos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y las autorizaciones nacionales para exportar GNL.[1] Las dos notas al pie de ese pasaje de la resolución remiten al sitio de Argentina LNG y a un comunicado del Gobierno rionegrino del 12 de febrero sobre ese proyecto. Se trata de otro proyecto, de YPF, Eni y XRG, que prevé 12 millones de toneladas anuales de GNL con dos buques frente a la costa de Río Negro.[4] «No se trata […] de optar entre la conservación del ambiente, por un lado, y la promoción de inversiones a costa de él, por otro», escribió el juez.[1]

Una causa que no figuraba en la demanda

Greca también intimó a la asociación de abogados a informar en cinco días sobre la causa «Fundación Inalafquen y otros c/ Provincia de Río Negro», en la que la asociación también es parte y se pide que se declare inconstitucional el mismo artículo 15 de la ley 5594. En esa causa, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro les negó legitimación a las demandantes el 10 de mayo de 2023, y el caso está en queja ante la Corte Suprema. Para el juez, que la asociación no la hubiera mencionado en una demanda de 106 hojas «llama francamente la atención».[1]

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Fuentes

  1. Juzgado Federal de Viedma (Poder Judicial de la Nación). «Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas y otro c/ Southern Energy S.A. s/ Daño temido, Expte. 4969/2026: resolución sobre la medida cautelar». 13 de noviembre de 2026. 92022a38-2b55-4621-809b-72850de9218a.usrfiles.com
  2. SEFE Securing Energy for Europe / Southern Energy. «SEFE signs a Heads of Agreement with Argentina's Southern Energy for a long-term LNG supply deal». 1 de diciembre de 2025. sefe.eu
  3. Gobierno de Río Negro. «El buque que marca un nuevo paso del futuro energético rionegrino». 19 de agosto de 2026. rionegro.gov.ar
  4. Gobierno de Río Negro. «Nuevo hito para Argentina LNG, con impacto en Río Negro». 12 de febrero de 2026. rionegro.gov.ar