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Sociedad · Corte Suprema

La Corte Suprema anuló el fallo que rechazó el amparo de una madre entrerriana por la educación inclusiva de su hija con discapacidad

Para el máximo tribunal, el Superior Tribunal de Entre Ríos incurrió en un «exceso ritual manifiesto» porque frenó el reclamo por un trámite administrativo que, según la Corte, ya estaba concluido o no servía para resolver el conflicto. La Justicia provincial deberá dictar un nuevo fallo.

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Redacción Método Crítico · Buenos Aires · · 1 fuente citada
Fachada iluminada de noche del Palacio de Justicia, un edificio de estilo academicista con columnas y ventanales, con autos estacionados adelante.
El Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema, en septiembre de 2013. Foto: GameOfLight / Wikimedia Commons · CC BY-SA 3.0 · Fuente

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto el 12 de noviembre la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que había rechazado el amparo de una madre de Rosario del Tala. La mujer reclama una educación inclusiva para su hija adolescente con discapacidad. El fallo lleva las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, que agregó un voto propio, y devuelve el caso al tribunal provincial para que dicte una nueva sentencia[1].

El reclamo

La madre presentó el amparo en representación de su hija, que tiene certificado de discapacidad. La demanda es contra el Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos, el organismo que conduce las escuelas de la provincia. Pidió que se implementara un Proyecto Pedagógico Individual (PPI), un plan de enseñanza adaptado a cada alumno, que garantizara a la joven «su trayectoria educativa completa»[1].

Según la sentencia, la adolescente completó la escuela primaria. En 2024 cursó primer año en una escuela secundaria y a comienzos de 2025 pasó a otra. El 6 de mayo de 2025, en una reunión con la madre, las autoridades educativas propusieron que la joven pasara a la modalidad de escuela integral. Como alternativa, ofrecieron que cursara solo Música, Artes Visuales, Educación Física y Tecnología. El 19 de mayo le ofrecieron una vacante en la escuela especial «Mayor E. Pastor». La madre rechazó las tres propuestas, y en mayo la adolescente dejó de ir a la secundaria[1].

El 4 de junio, la supervisora de Educación Especial de la zona le escribió a la defensora pública: «se han realizado todas las intervenciones» y se le presentaron a la madre «las distintas propuestas que el Sistema Educativo Entrerriano posee en Rosario del Tala»[1].

El caso, paso a paso [1]
  1. 16 abr. 2025La rectora de la escuela secundaria envía el informe pedagógico de la alumna y se abre el expediente administrativo en el CGE.
  2. 6 may. 2025Las autoridades educativas proponen la escuela integral o cursar solo cuatro materias.
  3. 19 may. 2025Ofrecen una vacante en la escuela especial «Mayor E. Pastor». Ese mes, la joven deja de ir a la secundaria.
  4. 4 jun. 2025La Supervisión de Educación Especial afirma que se hicieron «todas las intervenciones».
  5. 4 ago. 2025La madre rechaza las propuestas por carta documento e intima al CGE.
  6. 12 nov. 2026La Corte Suprema anula el rechazo del amparo y ordena un nuevo fallo.
Fuente: Corte Suprema de Justicia de la Nación[1].

Del juzgado al Superior Tribunal

El Juzgado de Familia y Penal de Niños y Adolescentes de Rosario del Tala hizo lugar al amparo. Le ordenó al CGE elaborar el proyecto pedagógico en un plazo de 20 días corridos. El juez consideró que ofrecer cuatro materias, «aproximadamente una hora cada día, cuatro días a la semana», no era una propuesta planificada para la joven y no cumplía «los recaudos mínimos establecidos en la normativa local aplicable»[1].

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos revocó esa decisión y rechazó el amparo. La mayoría se apoyó en el artículo 3°, inciso b, de la ley provincial 8369, según el cual el amparo es inadmisible cuando ya hay otro trámite pendiente sobre el mismo hecho. Para esos jueces, el expediente administrativo abierto en el CGE era la vía «claramente idónea» y la madre había optado «por abandonar la misma»[1].

Lo que dijo la Corte

Rosatti y Rosenkrantz, en el voto de la mayoría, señalaron que el tribunal entrerriano mencionó el trámite administrativo sin analizar si servía para proteger los derechos de la joven. Según los jueces, ese expediente se abrió el 16 de abril de 2025 con una nota de la rectora de la escuela, y no por un pedido de la madre. La frase de la supervisora sobre «todas las intervenciones» mostraría que el procedimiento estaba concluido o que, al menos, no servía para resolver el conflicto. Por eso, escribieron, «los jueces intervinientes tenían el deber de actuar con premura» y no detenerse «en formalismos que privaran a la actora del acceso a la jurisdicción». Concluyeron que el Superior Tribunal «incurrió en un exceso ritual manifiesto» y vulneró el derecho a una tutela judicial efectiva[1].

La Corte recordó además un precedente en el que el mismo Superior Tribunal había rechazado, con la misma norma, el amparo de otra persona con discapacidad. En ese caso fijó que la admisibilidad del amparo «no puede fundarse en una apreciación meramente ritual e insuficiente»[1].

En su voto, Lorenzetti escribió que el derecho a la educación de las personas con discapacidad «no puede ser una mera declaración». Sostuvo que ese derecho «es operativo y confiere a su titular una pretensión jurídica de implementación». Afirmó también que el procedimiento del CGE «no fue iniciado por la actora, tampoco tiene carácter contencioso y está concluido». Recordó que el juzgado había considerado que el programa de cuatro materias «excluía los principales ejes educativos». Pidió que la nueva sentencia se dicte «con la premura que la cuestión planteada amerita»[1].

Qué sigue

La Corte no decidió el fondo del reclamo ni ordenó por sí misma elaborar el proyecto pedagógico. Hizo lugar a la queja, declaró admisible el recurso extraordinario, anuló la sentencia con costas y mandó el expediente al tribunal de origen para que se dicte un nuevo pronunciamiento conforme a su fallo[1].

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Fuentes

  1. Corte Suprema de Justicia de la Nación. «Sentencia CSJ 3313/2025/RH1, «A., L. P. c/ Consejo General de Educación de Entre Ríos s/ acción de amparo»». 12 de noviembre de 2026. sjconsulta.csjn.gov.ar