Uruguay vende reglas que duran; el RIGI empieza a probar que la Argentina también puede

En 1954 escribí que hay una sola definición válida del propósito de una empresa: crear un cliente. Agregué que la ganancia no es la causa ni la explicación de las decisiones empresarias, sino la prueba de su validez[1]. Pocas decisiones esperan tanto esa prueba como la firmada el miércoles en Uruguay: el presidente Yamandú Orsi y la española Solaria acordaron un parque de centros de datos de 500 MW, con generación solar propia, por 5.700 millones de dólares y en régimen de zona franca, que la Presidencia uruguaya presentó como «la mayor que recibirá Uruguay en su historia»[2].

El futuro de las decisiones de hoy

Sostuve que la planificación a largo plazo no se ocupa de decisiones futuras, sino del futuro de las decisiones que se toman hoy[3]. Quien levanta centros de datos con una primera etapa hacia 2029 y una segunda sin fecha publicada[2] no apuesta a un trimestre: inmoviliza capital durante décadas. Esa apuesta descansa en la confianza en que lo pactado seguirá valiendo cuando el dinero ya sea hormigón y cables.

Orsi lo dijo con precisión: Uruguay es un país donde las reglas «están claras y se respetan», y «cuando se trata de Uruguay es claro que los colores políticos importan bastante menos»[2]. La planta de UPM en Paso de los Toros, de 3.470 millones de dólares, se inauguró en 2023, con Luis Lacalle Pou en la presidencia[4]; la inversión que hoy la supera en 64% la firma Orsi, del Frente Amplio[2]. Esa continuidad entre gobiernos de distinto signo es el activo que el inversor compra.

Infraestructura para el conocimiento

En La era de la discontinuidad sostuve que el conocimiento se había convertido en el recurso central de la economía[5], y en La sociedad poscapitalista concluí que el recurso económico básico ya no es el capital, ni la tierra, ni el trabajo, sino el conocimiento[6]. Un centro de datos es infraestructura de esa economía, como el ferrocarril lo fue de la industrial. Uruguay no ofreció solo una exención: destacó una matriz eléctrica «casi 100% renovable», una penetración de fibra óptica de 94% y los cables submarinos que lo conectan con el mundo[2]. Pero las máquinas no producen conocimiento; lo producen las personas que las usan. Por eso me interesan menos los 3.100 puestos de la obra que los 1.500 permanentes, empleos que, según Orsi, permitirán desarrollar una carrera sin irse del país[2].

Lo que la Argentina ya consiguió

La Argentina eligió un camino comparable, por ley: el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) forma parte de la Ley 27.742, que el Congreso sancionó en junio de 2024[7]. Para proyectos desde 200 millones de dólares, el régimen promete que no se les podrá aumentar la carga tributaria durante 30 años[8]. Que una promesa de estabilidad pase por el Congreso importa: una ley es más difícil de deshacer que una resolución.

En abril, el ministro de Economía, Luis Caputo, mencionó 13 proyectos aprobados por 28.000 millones de dólares[9]; en junio, 16 proyectos con resolución en el Boletín Oficial, por 29.892 millones y 54.495 empleos directos e indirectos[10]. El 2 de octubre, el Gobierno informó aprobaciones por cerca de 50.000 millones y más de 150.000 millones pendientes[11]. El viernes 9, el Ministerio de Economía formalizó el ingreso de Los Toldos II Este, de Tecpetrol y GyP: 6.432 millones de dólares en tres etapas, la última hasta 2054[12]. Un plan que llega a 2054 solo se firma cuando se cree que las reglas van a durar.

Los límites

He visto demasiados anuncios como para confundirlos con inversiones: un proyecto aprobado es un compromiso, no una planta terminada. Los aprobados se concentran en petróleo, gas, minería y energía; la serie por sectores del tablero oficial no muestra valores para tecnología[13], y el gran centro de datos anunciado en octubre de 2025 fue descrito por OpenAI como una carta de intención para explorar el proyecto[14]. Los recursos naturales son una herencia; el conocimiento hay que construirlo. La Secretaría de Energía ya exige a los centros de datos cubrir con contratos al menos 80% de su energía y acreditar potencia firme por 115% de su demanda máxima[15], lógica que Solaria incorpora con sus 350 MW solares[2]. Y el plazo para adherir al RIGI, prorrogado por única vez, vence en julio de 2027[16].

La lógica de ayer

En Managing in Turbulent Times advertí que el mayor peligro en épocas de turbulencia no es la turbulencia misma, sino actuar con la lógica de ayer[17]. La lógica de ayer trataba la estabilidad de las reglas como una concesión al inversor; la de hoy debe verla como el insumo más barato que un Estado puede ofrecer. Escribí también que el gobierno debe gobernar, es decir, decidir y fijar el rumbo, y dejar el hacer a otras instituciones[5], y que la innovación basada en conocimiento nuevo es la de plazos más largos[18]. De ahí se sigue que el Estado que quiera una economía del conocimiento debe ofrecer reglas que duren más que lo que ese conocimiento tarda en dar frutos.

Uruguay demuestra que la confianza se acumula de un gobierno a otro. La Argentina pasó de 28.000 a cerca de 50.000 millones de dólares aprobados en menos de seis meses, y ese avance merece reconocerse. La prueba decisiva llegará cuando el gobierno que firmó ya no sea el que deba cumplir. Si el RIGI la supera, el país habrá construido la infraestructura más rentable de todas: la credibilidad.