Subsidios de hoy, pagados por contribuyentes de mañana

En un libro de 1958 sostuve, contra la ortodoxia de entonces, que «la carga real primaria de una deuda pública se traslada a las generaciones futuras»[5]. El Decreto 1178/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, aprueba el modelo de contrato de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por hasta US$ 500 millones para financiar bonificaciones al consumo de gas de hogares vulnerables[1]. El BID informa 25 años de amortización, 5,5 de gracia y una tasa basada en SOFR[2].

El sueldo del maestro y la escuela

El primer componente del préstamo son «Bonificaciones a hogares vulnerables para apoyar la asequibilidad del consumo de gas»[1]; según el banco, llegarán a unos 1,2 millones de hogares con gas por red y 3,5 millones de usuarios de garrafa[2]. No construirán un gasoducto: pagarán parte de una factura.

En ese libro usé un ejemplo escolar. Construir una escuela es un gasto que ocurre una vez y rinde durante décadas; el sueldo de los maestros se repite todos los años. La prudencia fiscal parece aconsejar pedir prestado para lo primero y no para lo segundo, y concluí que el gobierno «debería endeudarse solo para financiar proyectos de inversión de largo plazo o de capital»[6].

Una bonificación al gas es el sueldo del maestro, no la escuela. Que el acreedor sea extranjero no cambia el razonamiento: un préstamo externo no reduce la inversión privada local y conviene cuando el capital del país rinde más que la tasa a la que se pide prestado; pero, como en el préstamo interno, la carga real se traslada hacia adelante[7]. Las cuotas se pagarán con impuestos futuros y un subsidio al consumo no deja activo alguno que ayude a pagarlas: quien las pague dentro de veinte años no recibirá el gas de hoy; recibirá la cuenta.

Una regla que se suspende

La ley argentina recoge esta regla. El artículo 56 de la Ley 24.156 admite el endeudamiento para inversiones reproductivas, casos de evidente necesidad nacional, reestructuraciones y refinanciaciones, y agrega: «Se prohíbe realizar operaciones de crédito público para financiar gastos operativos»[8]. No sostengo que el decreto la viole: si una transferencia a hogares es un «gasto operativo» es cuestión para juristas. Noto otra cosa: según las notas del texto en Infoleg, el Poder Ejecutivo suspendió esa prohibición por decreto, cada vez para el ejercicio en curso, en 2019, 2021, 2022 y 2023[8]. Una regla que el obligado suspende cuando le estorba no es una restricción; es una recomendación.

Y aunque la Constitución atribuye al Congreso «contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación»[9], el decreto se apoya en el artículo 60 de esa ley[1], que exceptúa de autorización legal los créditos de organismos financieros internacionales[8].

La ilusión fiscal

Con Richard Wagner escribimos en 1977 que, con el mensaje keynesiano, los políticos podían «gastar y gastar sin la aparente necesidad de cobrar impuestos»[10]. A los políticos electos les gusta gastar en beneficios visibles para sus votantes y no les gusta cobrarles impuestos, y el déficit hace creer a los contribuyentes que los servicios públicos se abarataron[11]. No es mala fe: es la conducta esperable de cualquiera en esa posición.

Los considerandos del decreto afirman que el costo del préstamo «es inferior al que la República podría obtener en el mercado», pero no informan la tasa ni el margen sobre SOFR[1], y el comunicado del banco tampoco informa el margen[2]. El beneficio se ve en la factura; el costo, no. Al tipo de cambio mayorista del 13 de octubre, $ 1.515,85[3], el préstamo equivale a unos $ 758.000 millones, alrededor de 12% de los $ 6,1 billones que la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estima para los subsidios a la energía de 2026[4]. Y la gracia de 5,5 años[2] supera un mandato presidencial, que dura cuatro[9]: quien decide el gasto y quien empieza a devolver el capital no serán, en general, los mismos.

Lo que va en la buena dirección

Según la OPC, el proyecto de Presupuesto 2027 asigna $ 5,5 billones a esos subsidios, una caída real de 25,2%, por una «mayor cobertura del costo de estos servicios con tarifas que abonan los usuarios»[4]. Que el usuario pague una parte mayor del costo es disciplina fiscal: el precio vuelve a ser visible para quien consume. Y concentrar la ayuda en los hogares vulnerables, en lugar de repartirla entre todos, achica el botín que los grupos organizados se disputan en el presupuesto. Lo que objeto no es el subsidio focalizado, sino pagarlo con deuda.

Una regla, no una promesa

En 1962, con Gordon Tullock, distinguimos las decisiones corrientes, en las que cada uno sabe de qué lado de la cuenta está, de la elección de las reglas, que se hace sin saber qué papel nos tocará[12]. Así, pocos votarían una regla que permitiera financiar el consumo de hoy con impuestos que pagarán otros mañana. Con Wagner propusimos una reforma genuinamente constitucional que exigiera el equilibrio presupuestario[10].

Si hay buenas razones para proteger a los hogares vulnerables del costo del gas, que la protección se pague con impuestos votados hoy por el Congreso. Solo así la decisión tiene un precio visible para quienes la toman.