Menos descuentos a costa de todos

En julio de 1850 escribí que, en la esfera económica, «un acto, una costumbre, una institución, una ley no engendran solamente un efecto, sino una serie de efectos. De esos efectos, solo el primero es inmediato; se manifiesta simultáneamente con su causa: se lo ve. Los otros se despliegan solo sucesivamente: no se los ve; dichosos si se los prevé»[1]. Pocas leyes se prestan tanto a ese ejercicio como la 27.828, promulgada por el Decreto 1161/2026 y publicada hoy en el Boletín Oficial[2]. Sancionada por el Senado el 24 de septiembre[2][3], reescribe el régimen de Zona Fría, el descuento en el gas que la Ley 27.637 había extendido en 2021[4][5].

Lo que se vio en 2021

La Ley 27.637 sumó al régimen nuevas regiones, con tarifas «equivalentes al setenta por ciento (70%) de los cuadros tarifarios plenos», y al 50% para ciertos grupos de usuarios[4]. El informe de la Secretaría de Energía con las cuentas de 2023 registra 3.365.230 beneficiarios de esa ley (1.718.034 con reducción del 30% y 1.647.196 con la del 50%) y 939.546 en las zonas originales: unos 4,3 millones sobre un padrón de 9,4 millones[6]. Los del 30%, el grupo más numeroso, recibían el descuento por vivir en una localidad del mapa, sin acreditar necesidad alguna.

Lo que no se vio

¿Quién pagaba? El fondo se nutre de un recargo de hasta 7,5% sobre el precio del gas, que se aplica «a la totalidad de los metros cúbicos que se consuman y/o comercialicen» por redes en el territorio nacional, «cualquiera fuera el uso»[2]. Lo soportan la familia modesta de una provincia templada, el comercio y la fábrica. Mientras el precio mintió, alcanzó: según el mensaje con que el Poder Ejecutivo envió el proyecto en mayo, en 2021 una alícuota de 5,3% «alcanzaba para pagar todo el subsidio», con tarifas que «no reflejaban los verdaderos costos»[7]. En 2023, con 5,44%, el recargo recaudó $ 94.849 millones contra $ 74.416 millones de pagos, y la Secretaría de Energía afirmaba que el régimen «no requiere aportes del Tesoro Nacional»[6]. Tras las subas tarifarias de 2025, el mismo mensaje advierte que «aún con el valor actual» de 7,5% «no alcanzan los fondos» y que «se necesitan fondos adicionales del Tesoro Nacional»[7]. Es decir, impuestos de todos.

Un descuento para casi la mitad del padrón, pagado por el padrón entero y hoy también por el Tesoro, ilustra lo que escribí en 1848: «El Estado es la gran ficción a través de la cual todo el mundo se esfuerza por vivir a expensas de todo el mundo»[8].

Lo que la ley corrige

Por eso celebro el núcleo de la reforma. En las subzonas IIIa, IVa, IVb, IVc, IVd, V y VI, las incorporadas en 2021, el beneficio pasa a ser una bonificación «adicional por Zona Fría» para los usuarios residenciales inscriptos en el Régimen de Subsidios Focalizados que cumplan los criterios de la ley, referidos a los ingresos del hogar (hasta tres Canastas Básicas Totales para un «Hogar 2» del INDEC) y a situaciones de vulnerabilidad (certificado del ReNaBaP, pensión de veterano de Malvinas o Certificado Único de Discapacidad en el hogar)[2].

En 1850 propuse una prueba sencilla para reconocer la expoliación legal: «Hay que examinar si la ley toma a unos lo que les pertenece para dar a otros lo que no les pertenece»[9]. El descuento general no la superaba. Sostuve también que la fraternidad «es espontánea, o no es», y que decretarla «es aniquilarla»[10]; no me desdigo. Pero si la ley ha de socorrer a alguien, es menos injusto que socorra al necesitado que al vecino acomodado de la misma calle.

Dos cambios más van en la buena dirección. El ENARGAS deberá «garantizar el traslado automático a las tarifas» del costo del gas que las distribuidoras compren en procesos competitivos[2]: un precio que dice la verdad es la condición para que cada uno sepa lo que consume y lo que cuesta. Y la ley deroga los decretos 277/2022 y 929/2013 y los artículos 19 a 22 de la Ley 27.007, regímenes de promoción de hidrocarburos, salvo los derechos adquiridos[2]. El mensaje alega que el Estado ya no puede sostenerlos[7]. Yo diría más: un privilegio a una industria a costa de las demás sería injusto aun en la abundancia.

Lo que todavía no se ve

Celebrar no es callar. En la Patagonia, Malargüe y la Puna, la bonificación sigue cubriendo los consumos de toda la región, sin condición de ingresos[2]: la prueba que la ley aplica a las subzonas de 2021 vale igual allí. El recargo sigue escondido en el precio del gas, y el Poder Ejecutivo puede subirlo o bajarlo «en hasta un cincuenta por ciento (50%)»[2]: un tributo que el contribuyente no ve y cuya medida no queda del todo en manos del legislador. La ley no fija el monto de la nueva bonificación[2], y el mensaje no estima cuántos hogares la conservarán[7]. Y el régimen, con su recargo, sigue hasta el 31 de diciembre de 2031[2].

La Ley 27.828 hace visible una parte de lo que en 2021 no se quiso ver: que el descuento de unos lo pagan otros. Es un paso real. El siguiente es aplicar el mismo examen a lo que queda. En aquel ensayo de julio de 1850 dejé un consejo: «Acostumbrémonos, pues, a no juzgar las cosas solamente por lo que se ve, sino también por lo que no se ve»[1].