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Política · Reforma laboral

El TSJ porteño avaló, por tres votos a dos, el cálculo de intereses de la reforma laboral para los juicios laborales en trámite

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad rechazó el planteo contra el artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral y lo aplicó a la indemnización de una extrabajadora del Banco Hipotecario. Los jueces Lozano y Ruiz votaron en disidencia.

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Redacción Método Crítico · Buenos Aires · · 1 fuente citada
Fachada del edificio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, en la calle Cerrito
Sede del Tribunal Superior de Justicia porteño, en Cerrito 760. Foto de 2023. Foto: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires · Foto oficial · Fuente

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires resolvió el miércoles 18 de noviembre, por tres votos contra dos, que el artículo 55 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral es constitucional. Ordenó aplicarlo para calcular los intereses de una indemnización por despido que una extrabajadora reclama desde 2017 al Banco Hipotecario.[1] Ese artículo fija cómo se actualizan las deudas laborales de los juicios que estaban en trámite y sin sentencia definitiva cuando la ley entró en vigencia, el 6 de marzo de 2026.[1]

Votaron en mayoría los jueces Marcela De Langhe, Santiago Otamendi e Inés Weinberg. Luis Francisco Lozano y Alicia Ruiz votaron en disidencia y propusieron declarar inconstitucional el artículo.[1] El fallo revocó la sentencia que la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había dictado el 13 de mayo de 2025, en la parte referida a la actualización y los intereses.[1]

Qué dice el artículo 55

La norma dispone que esos créditos se actualicen con «intereses moratorios ajustados a la tasa pasiva determinada por el Banco Central», que es la tasa que reciben quienes hacen un depósito remunerado. El resultado no puede superar lo que daría ajustar el capital por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC más un 3% anual, ni ser inferior al 67% de ese cálculo.[1] Para los demás casos, el artículo 54 de la misma ley fija la actualización por IPC más 3% anual.[1]

El caso

María Laura Souto demandó al Banco Hipotecario y a Aegis Argentina, continuadora de Actionline de Argentina. Según su demanda, empezó a trabajar en el banco el 28 de marzo de 2005 por medio de esa contratista. El banco la registró recién el 20 de noviembre de 2006, y en marzo de 2017 ella se consideró despedida, después de intimarlo sin éxito a reconocer su fecha real de ingreso.[1] La Justicia laboral condenó a las dos empresas en forma solidaria. La Cámara declaró inconstitucional la prohibición de indexar de las leyes 23.928 y 25.561 y ordenó actualizar la deuda por IPC más un interés del 3% anual.[1]

Cuánto aumentó cada índice entre el despido (2 de marzo de 2017) y el 31 de agosto de 2026
Fuente: Voto en disidencia de Lozano y Ruiz [1]
Gráfico propio con las cifras del voto en disidencia[1].

El banco recurrió. Sostuvo que esa fórmula era una indexación prohibida y que se apartaba de los fallos «Oliva» y «Lacuadra» de la Corte Suprema. Mientras su queja estaba en trámite, entró en vigencia la reforma, y la trabajadora planteó que el artículo 55 reduce «de modo irrazonable y arbitrario el valor real de los créditos laborales» y discrimina a quienes tenían un juicio en curso.[1] El fiscal general adjunto propuso rechazar ese planteo.[1]

Los argumentos de la mayoría

De Langhe y Otamendi sostuvieron que el régimen transitorio se aplica a juicios cuyas deudas y demoras ocurrieron mientras regían la prohibición legal de indexar y una inflación alta, y mientras la Corte descalificaba las fórmulas de actualización sin respaldo legal. Según ellos, ese contexto permite que el Congreso trate de modo distinto esos casos. «La mera previsión legal de dos criterios de actualización diversos aplicables a contextos fácticos y jurídicos diferentes no entraña una afectación al principio de igualdad», escribieron.[1] Agregaron que el piso del 67% se ajusta a la doctrina del fallo «Vizzoti» de la Corte Suprema. Además, citaron el fallo «Cabana Opanasiuk» de la Corte, del 5 de noviembre, como antecedente de que el artículo 55 se aplica a estos juicios.[1]

Weinberg sostuvo que la trabajadora no aportó parámetros objetivos para probar la pérdida que alegaba: «La afirmación de que el porcentaje legal ocasiona una disminución patrimonial significativa no basta para justificar una declaración de inconstitucionalidad».[1]

La disidencia

Lozano y Ruiz compararon los índices entre la fecha del despido, el 2 de marzo de 2017, y el 31 de agosto de 2026. En ese período, según su cálculo, el IPC subió 11.980,96% y el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) 11.746,20%. En cambio, la tasa pasiva del Banco Central arrojó un interés del 5.930,88%, frente al 12.186,65% de la Tasa de Intereses Moratorios (TIM) del Banco Central, que obtienen los demás acreedores de deudas en dinero.[1] Para los dos jueces, se trata de «una distinción que no puede ser conciliada con la igualdad entendida como derecho fundamental». Propusieron aplicar la TIM y sostuvieron que el fallo «Cabana» no trató la constitucionalidad del artículo.[1]

Con esas cifras, la tasa pasiva multiplica por algo más de 60 una suma adeudada desde el despido, y el IPC por sí solo, por casi 121. El 67% de este último resultado equivale a multiplicarla por unas 81, y el piso legal, calculado sobre el IPC más el 3% anual, es todavía mayor. Por eso, todo indica que para esas sumas se aplicará el piso: el 67% de lo que daba la fórmula de IPC más 3% anual que había fijado la Cámara, es decir, un tercio menos.

El expediente vuelve ahora a la instancia de origen, donde se hará la liquidación con el criterio de la mayoría. Las costas se impusieron por su orden, es decir, cada parte paga las suyas.[1]

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Fuentes

  1. Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. «Banco Hipotecario SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado (laboral) en Souto, María Laura c/ Banco Hipotecario SA y otro s/ despido, expte. 91605/2025-0 (sentencia)». 18 de noviembre de 2026. tsjbaires.gov.ar