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Política · Tierra del Fuego

El Gobierno nacional prorrogó sin fecha de cierre la intervención del puerto de Ushuaia y Melella la rechazó

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación mantendrá la intervención hasta que termine un plan de obras. El gobernador dice que la Nación la extiende «para seguir haciendo caja con lo que genera el puerto». Entre los motivos de la intervención, el organismo nacional señaló que la provincia usó fondos del puerto para otros fines.

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Redacción Método Crítico · Buenos Aires · · 5 fuentes citadas
El muelle comercial del puerto de Ushuaia, iluminado de noche, visto por encima de los techos de la ciudad
El muelle del puerto de Ushuaia de noche, en una foto difundida por la ANPYN el 26 de octubre. Foto: Agencia Nacional de Puertos y Navegación · CC BY 4.0 · Fuente

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), el organismo nacional que controla los puertos del país, prorrogó la intervención del puerto de Ushuaia y no le fijó una fecha de cierre. La firmó su director ejecutivo, Iñaki Miguel Arreseygor, el 18 de noviembre, y salió este jueves en el Boletín Oficial como Resolución 69/2026. Su artículo 2 deja la vigencia de la intervención «sujeta» al «cumplimiento del Plan de Obras» que aprueba la misma norma[1].

La intervención empezó con la Resolución 4/2026, del 20 de enero[4]. Según la Agencia, la provincia había incurrido en graves incumplimientos: el deterioro del muelle comercial, fallas de seguridad y mantenimiento, la falta de un servicio adecuado de control de la contaminación y el uso de fondos del puerto para fines ajenos a la actividad portuaria. Esa norma dispuso suspender por doce meses la habilitación del puerto, pero dejó la sanción en suspenso para no afectar la temporada de cruceros 2025-2026. También puso la gestión operativa, técnica y administrativa del puerto a cargo de una unidad ejecutora de la Agencia, por doce meses «prorrogables por acto fundado»[1]. Sin la prórroga, el plazo vencía en enero de 2027. Según la nueva resolución, la intervención alcanza «pura y exclusivamente» la infraestructura, los equipos y la operación dentro de la jurisdicción portuaria[1].

La resolución reconoce «avances» desde enero, pero dice que el plazo original «ha resultado insuficiente» para hacer todas las obras. Entre las obras aprobadas que están en marcha o empezarán pronto menciona el recambio del muelle comercial, la ampliación de la red eléctrica y de agua, nuevos muelles para catamaranes, la reparación de los sitios 3 a 5 del muelle comercial, la red de incendio y el reflotamiento del dique Y-3. Según la norma, esas inversiones se pagan con las tarifas que cobra el puerto[1]. La resolución no informa cuánto recauda el puerto ni cuánto costará el plan.

En un comunicado del miércoles por la tarde, la ANPYN informó que la renovación de las defensas del muelle comercial empezó en octubre y seguirá hasta mayo de 2027. Prevé licitar a comienzos de 2027 la reparación de los sitios 3 y 5. Según la Agencia, seguir a cargo del puerto le permitirá terminar las obras con «la reinversión de la totalidad de las utilidades generadas para fines exclusivamente portuarios»[2].

Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego, se pronunció en X a las 12.13 del miércoles, horas antes del comunicado y de la publicación oficial. «Rechazamos la prórroga de la intervención del Puerto de Ushuaia», escribió. Acusó a la Nación de prorrogar la intervención de la Agencia «para seguir haciendo caja con lo que genera el puerto» y sostuvo que «el gobierno de Javier Milei solo vino a buscar nuestros recursos». Afirmó también que «el puerto es de los fueguinos» y pidió que los dirigentes y empresarios de la provincia que apoyan la intervención expliquen por qué. Cerró con un compromiso: «Vamos a seguir defendiendo el Puerto de Ushuaia hasta que vuelva a manos de la provincia»[3].

Qué dicen las resoluciones sobre los fondos del puerto

La Nación transfirió el puerto a la provincia en 1992, sin cargo, y el convenio puso una condición: los ingresos del puerto debían contabilizarse aparte de las rentas generales y aplicarse «exclusivamente» a gastos e inversiones de la actividad portuaria. Según la Resolución 4/2026, la Legislatura fueguina sancionó el 1 de julio de 2025 la Ley 1596. Esa ley usó el superávit del puerto de 2024 y 2025 para crear un fondo de pago de la deuda de la obra social estatal, la OSEF. El Ejecutivo provincial la promulgó con el Decreto 1849, del 22 de julio. La misma resolución registra un convenio por el que la Dirección Provincial de Puertos le dio $ 4.000 millones del superávit de 2024 al Ministerio de Economía provincial para un plan de obras en otras áreas[4].

El conflicto por el puerto [4]
  1. 25 de septiembre de 1992La Nación transfiere el puerto a la provincia, sin cargo y con la condición de usar sus ingresos solo en la actividad portuaria.
  2. 1 de julio de 2025La Legislatura fueguina sanciona la Ley 1596, que usa el superávit del puerto para la deuda de la OSEF.
  3. 30 de septiembre y 1 de octubre de 2025La ANPYN inspecciona el puerto.
  4. 20 de enero de 2026La Resolución 4/2026 interviene el puerto por doce meses y suspende su habilitación, sanción que deja en suspenso.
  5. 18 de noviembre de 2026La Resolución 69/2026 prorroga la intervención hasta que se cumpla el plan de obras.
Fuente: resoluciones 4/2026[4] y 69/2026[1] de la ANPYN.

La Agencia revisó las cuentas de la Dirección Provincial de Puertos al 30 de septiembre de 2025. Según ese análisis, los gastos de personal se llevaban el 55% del gasto devengado (el gasto ya comprometido), los préstamos el 30% y las obras de infraestructura portuaria el 1,3%. La Dirección Provincial respondió que las conclusiones de la inspección no reflejaban «la situación real» del puerto. La Agencia concluyó que ese descargo no aportaba ningún elemento objetivo para rebatirlas[4].

El uso de fondos del puerto para otros fines que registran las resoluciones es el de la provincia, a través de una ley que promulgó el gobierno de Melella. Ninguno de los documentos oficiales sobre el caso muestra que la Nación haya usado para otros fines lo que recauda el puerto. Tampoco hay cifras que respalden que la Nación reinvierte todas las utilidades: ni la resolución ni el comunicado informan ingresos ni gastos[1][2].

El comunicado de la Agencia incluye entre sus logros de 2026 el «certificado PBIP de protección portuaria», que exige el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias[2]. El puerto ya tenía esa certificación antes de la intervención. Un dictamen de la Procuración General de la Nación del 16 de julio de 2026 cita un informe de la Prefectura Naval de fines de 2024: el puerto estaba certificado con su Declaración de Cumplimiento 15/2024. Según ese informe, quedaban observaciones por corregir, con plazo hasta 2029[5]. La Resolución 69/2026 menciona además una «auditoría de protección pendiente» ante la Prefectura[1].

La resolución ordena notificar la medida a la provincia y a la Dirección Provincial de Puertos[1]. Entró en vigencia el día siguiente a su firma[1].

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Fuentes

  1. Boletín Oficial de la República Argentina. «Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Resolución 69/2026 (RESOL-2026-69-APN-ANPYN#MEC)». 19 de noviembre de 2026. boletinoficial.gob.ar
  2. Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Argentina.gob.ar). «ANPYN aprobó el plan de obras estructurales para la modernización del puerto de Ushuaia». 18 de noviembre de 2026. argentina.gob.ar
  3. Gustavo Melella (X). «Publicación sobre la prórroga de la intervención del puerto de Ushuaia». 18 de noviembre de 2026. x.com
  4. Boletín Oficial de la República Argentina. «Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Resolución 4/2026 (RESOL-2026-4-APN-ANPYN#MEC)». 20 de enero de 2026. boletinoficial.gob.ar
  5. Procuración General de la Nación (Ministerio Público Fiscal). Eduardo Ezequiel Casal. «Dictamen en «N.N. s/ incidente de competencia», CSJ 3038/2025/CS1». 16 de julio de 2026. mpf.gob.ar