El Ministerio de Justicia removió a la encargada de dos registros del automotor de Lomas de Zamora por un perjuicio al Estado de $ 117,2 millones
La Resolución 551/2026 sanciona a Marta Elena Castañón por los fondos que no giró entre julio de 2024 y febrero de 2025. Puede recurrir la medida, y los hechos también se investigan en una causa penal en un juzgado federal de Lomas de Zamora.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, removió a Marta Elena Castañón de su cargo de encargada titular de dos registros del automotor de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires: el Registro Seccional N° 5 y el registro de motovehículos Letra A. El motivo es que no depositó a favor del Estado nacional el dinero de los trámites que debía girar entre julio de 2024 y febrero de 2025. La Resolución 551/2026, firmada el 12 de noviembre y publicada este lunes en el Boletín Oficial, fija el perjuicio fiscal en $ 117.246.510,53, «con más los intereses que correspondan al momento de su efectivo cobro».[1]
Lo que los registros seccionales cobran como aranceles por los trámites pertenece al Estado nacional desde que se percibe. Al cierre de cada mes se liquida el emolumento, que es la parte que retiene el encargado como retribución y para pagar los gastos operativos, y el resto, el «remanente de recaudación», debe girarse al Estado. Según el reglamento interno citado en la resolución, ese remanente debe depositarse dentro de los dos días hábiles siguientes al fin del mes, en un único depósito mensual.[1]
Ocho meses sin depositar
La resolución detalla los saldos que Castañón dejó sin pagar en ocho períodos. El más alto corresponde a agosto de 2024, con $ 18.994.258,14, y el más bajo, al tramo del 1 al 17 de febrero de 2025, con $ 858.587,17. La instrucción del sumario estimó el capital adeudado en $ 73.566.460,66, equivalente a la suma de los ocho montos mensuales. La Sindicatura General de la Nación (SIGEN), el organismo de control interno del Poder Ejecutivo, calculó en su Informe Técnico N° 77/2026 que el perjuicio, actualizado al 15 de septiembre de 2026, ascendía a $ 117.246.510,53, y lo calificó «de relevante significación económica».[1] Esa cifra supera en un 59% al capital.
La defensa y la respuesta del Ministerio
En su descargo, Castañón sostuvo que no hizo los depósitos por una «imposibilidad económica» derivada del «desfinanciamiento» del registro, y no por una maniobra de apropiación o desvío de fondos. También afirmó que «no existe el remanente» porque no quedaba saldo después de pagar los gastos, se quejó de que las autoridades no respondieron a su pedido de pagar la deuda en cuotas y alegó que «muchos otros registros» habían dejado de pagar sin que se les iniciara un sumario. La resolución concluye que la deuda «no ha sido realmente controvertida» por ella, sino «explicada desde una óptica que pretende ser exculpatoria».[1]
El Ministerio respondió que ninguna norma condiciona el depósito a que el registro tenga superávit, y que una diferencia negativa entre ingresos y egresos «integra el riesgo propio de la gestión del Encargado». Sobre el trato desigual, la resolución cita a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, el organismo que reunió la documentación del caso. Según esa dirección, al momento de los hechos 42 registros estaban intervenidos por su propio personal y, entre los demás, solo 14 tenían deudas, 10 de ellos con sumario, sobre unos 1.400 registros en todo el país.[1] Esas cifras provienen de la misma dirección que reunió las pruebas, y la resolución no incluye la lista de esos registros.
Cómo siguió el expediente
El sumario se ordenó por la Resolución 585 del 26 de agosto de 2025. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal decidió no intervenir como parte acusadora, y la instrucción recomendó en dos informes la sanción de remoción. Castañón recurrió el rechazo de parte de la prueba que había ofrecido, y la Secretaría de Justicia desestimó ese recurso por la Resolución 7/2026. Según la resolución, Castañón había sido designada en los dos cargos en 1989, y un interventor ya la había sucedido al frente del registro.[1] El sumario empezó antes de que Mahiques asumiera como ministro: el presidente Javier Milei le tomó juramento el 5 de marzo de 2026.[2]
- 1989Castañón es designada encargada de los dos registros.
- Julio de 2024 a febrero de 2025Quedan sin depositar remanentes por $ 73.566.460,66 de capital.
- 26 de agosto de 2025La Resolución 585/2025 ordena el sumario.
- 6 de mayo de 2026La Resolución 7/2026 rechaza su recurso sobre la prueba.
- 15 de septiembre de 2026La SIGEN calcula el perjuicio en $ 117.246.510,53.
- 12 de noviembre de 2026Mahiques firma la remoción (Resolución 551/2026).
- 16 de noviembre de 2026La resolución se publica en el Boletín Oficial.
Además de la remoción, la Resolución 551/2026 ordena a las áreas del Ministerio iniciar las gestiones administrativas o judiciales para recuperar el dinero, y notificar a la SIGEN y a la Procuraduría. Castañón puede presentar un recurso de reconsideración dentro de los 20 días hábiles o uno jerárquico dentro de los 30, contados desde su notificación, porque la vía administrativa no está agotada.[1]
La causa penal
Por estos hechos se presentó una denuncia penal. La investigación tramita en la causa FLP 3431/2025, caratulada «NN: N.N. s/Defraudación», ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora N° 2, Secretaría Penal N° 6.[1] La carátula no menciona a ningún imputado. La remoción es una sanción administrativa del Ministerio y no implica una condena penal.
Fuentes
- Boletín Oficial de la República Argentina. «Ministerio de Justicia. Resolución 551/2026 (RESOL-2026-551-APN-MJ), Primera Sección, 16 de noviembre de 2026». 2026-11-16. boletinoficial.gob.ar
- Presidencia de la Nación (Argentina.gob.ar). «El Presidente tomó juramento a Juan Bautista Mahiques como nuevo Ministro de Justicia». 2026-03-05. argentina.gob.ar