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Industria · RIGI

El Gobierno ya no exige mayoría de capital argentino para que una empresa sea proveedora local del RIGI

Desde el 16 de noviembre rige el Decreto 1366/2026: para contar como local, a una empresa le basta con estar constituida y domiciliada en el país. Los bienes siguen sujetos a la regla de origen del Mercosur.

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Redacción Método Crítico · Buenos Aires · · 7 fuentes citadas
Planta de procesamiento de hidrocarburos de Tecpetrol en Vaca Muerta, Neuquén, al atardecer
Planta de procesamiento de Tecpetrol en Vaca Muerta (Neuquén), en 2019. Foto: Sflexas · CC BY-SA 4.0 · Fuente

El Gobierno cambió la definición de «proveedor local» del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Desde el 16 de noviembre, una empresa tiene esa condición si está constituida y domiciliada en la Argentina, sin importar quiénes sean sus accionistas[1]. Lo dispuso el Decreto 1366/2026, fechado el 13 de noviembre y publicado el 16 en el Boletín Oficial, con las firmas de Javier Milei y de los ministros Diego Santilli y Luis Caputo[1]. Rige desde el día de su publicación[1].

La reglamentación original, aprobada por el Decreto 749/2024 en agosto de 2024, les fijaba a las empresas dos condiciones. La primera era estar constituidas y domiciliadas en el país. La segunda era que los titulares de al menos el 51% de su capital social, o de la participación que diera los votos necesarios para formar la voluntad social, tuvieran domicilio fiscal en la Argentina[2]. El texto nuevo mantiene solo la primera. En los considerandos, el decreto explica que la condición se determina ahora «en función de su constitución y domicilio en el país, sin atender a la nacionalidad o residencia de sus accionistas ni a la composición de su capital social»[1].

Quién es proveedor local del RIGI
Hasta el 15 de noviembre
Empresa constituida y domiciliada en el país y con al menos el 51% del capital o de los votos en manos de titulares con domicilio fiscal en la Argentina
Desde el 16 de noviembre
Empresa constituida y domiciliada en el país, cualquiera sea su capital
Sin cambios
Bienes de origen nacional según el ACE 18 del Mercosur; compras locales de al menos el 20% según la ley
Decreto 749/2024[2], Decreto 1366/2026[1] y Ley 27.742[3].

El cambio importa por una obligación de la Ley 27.742, conocida como Ley Bases. Cada proyecto que entra en el régimen tiene que presentar un plan de desarrollo de proveedores locales, con el compromiso de contratarlos por al menos el 20% del monto de inversión destinado a pagar proveedores, «siempre y cuando la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad»[3]. Ese piso lo fija la ley y el decreto no lo modifica. Lo que cambia es qué empresas entran en ese cupo: desde ahora también la filial de una compañía extranjera constituida en el país[1].

Para los bienes hay un límite. El proveedor que venda bienes debe cumplir los criterios del Anexo I del Acuerdo de Complementación Económica N° 18 del Mercosur para que se los considere de origen nacional, y la Autoridad de Aplicación del régimen precisará cómo se aplican esos criterios[1]. Esa exigencia ya estaba en el texto de 2024[2]. Por lo tanto, la mercadería que una filial extranjera importe terminada no pasa a ser nacional por el cambio. La apertura es completa en los servicios. En los bienes, alcanza a los que se fabriquen en el país según esa regla.

En los considerandos, el Gobierno sostiene que el nuevo criterio busca que se «favorezca la integración de las empresas radicadas en el país en las cadenas de suministro de los Proyectos RIGI» y que promueve «una mayor concurrencia de proveedores y el desarrollo de encadenamientos productivos locales»[1]. El decreto no incluye estimaciones ni datos que respalden esa previsión. El 12 de noviembre, Caputo anunció la segunda ronda de negocios del RIGI, prevista para el 2 de diciembre en el Hipódromo de San Isidro, y escribió: «Participarán 60 empresas compradoras y más de 2.000 proveedores de todo el país, con foco en hidrocarburos y energía»[7].

Las críticas

La diputada nacional Julia Strada publicó en X un texto titulado «Milei no quiere a la Argentina: cambian el RIGI para que cualquier empresa extranjera pueda ser “proveedor local”». En él repasa cómo cambiaron las reglas de compra local del RIGI y lo resume así: «En criollo: alcanza con abrir una sociedad acá para que una extranjera cuente como “local”»[4]. El economista Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), publicó un texto casi idéntico[5].

La frase de Strada es exacta para los servicios, porque el nuevo texto solo exige que la empresa esté constituida y domiciliada en el país. Para los bienes es incompleta: no menciona que sigue vigente la regla de origen nacional del Mercosur[1].

El diputado neuquino Pablo Todero escribió que, con el decreto, cualquier empresa domiciliada en el país cuenta como proveedora local aunque tenga el 100% de capital extranjero. Le pidió al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, que se oponga y que defienda a las pymes locales, y cerró: «LOS NEUQUINOS NO SOMOS EL PATIO TRASERO DE MILEI»[6]. Lo que dice sobre el capital es correcto. El texto de 2024 exigía que el 51% estuviera en manos de titulares con domicilio fiscal en el país[2], y el nuevo ya no lo pide[1]. Para los bienes rige la misma regla de origen nacional.

Los otros cambios

El decreto modifica otros tres puntos de la reglamentación. En los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo, que se ejecutan por etapas, fija una sola fecha límite para alcanzar la inversión mínima del proyecto completo. Los compromisos de cada etapa no cambian[1].

También regula los cambios de dueños. Quien compre acciones de un vehículo de proyecto único (la sociedad que lleva adelante cada inversión) después de que este haya pedido entrar al régimen no altera los derechos del vehículo, pero esa compra no se computa como inversión mínima. Los miembros de una unión transitoria de empresas pueden ceder su participación si avisan a la Autoridad de Aplicación dentro de los 15 días de inscribir la operación, y la Autoridad de Aplicación tiene 30 días para objetarla. Las sucursales dedicadas pueden pasar sus activos a una sociedad anónima, con autorización previa de la Autoridad de Aplicación, sin perder la fecha de adhesión original[1].

Por último, para el acceso al mercado de cambios se computarán también las divisas que ingresen y liquiden los accionistas directos o indirectos del vehículo y los miembros de uniones transitorias. La condición es que los fondos se destinen al proyecto y queden registrados de forma que se pueda seguir su destino[1].

Multimedia y documentos

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Fuentes

  1. ARCA - Biblioteca Electrónica. «Decreto N° 1366/2026 - Decreto N° 749/2024. Modificación (Boletín Oficial del 16 de noviembre de 2026)». 2026-11-16. biblioteca.afip.gob.ar
  2. Ministerio de Justicia (Infoleg). «Decreto 749/2024 - Texto original de la reglamentación del RIGI». 2024-08-23. argentina.gob.ar
  3. ARCA - Biblioteca Electrónica. «Ley 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (artículo 176)». 2024-07-08. biblioteca.afip.gob.ar
  4. X - Julia Strada (@Juli_Strada). «Publicación sobre el cambio en los proveedores locales del RIGI». 2026-11-16. x.com
  5. X - Hernán Letcher (@hernanletcher). «Publicación sobre el cambio en los proveedores locales del RIGI». 2026-11-16. x.com
  6. X - Pablo Todero (@PabloTodero). «Publicación sobre el Decreto 1366/2026». 2026-11-16. x.com
  7. X - Luis Caputo (@LuisCaputoAR). «Segunda ronda de negocios del RIGI». 2026-11-12. x.com