martes 17 de noviembre de 2026Ingresar
Primero los datos
Política · Corte Suprema

La Corte Suprema aprobó el protocolo del Cuerpo Médico Forense para evaluar los pedidos de prisión domiciliaria por razones de salud

La Resolución 2867/2026, firmada por Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz y publicada este lunes en el Boletín Oficial, fija cómo se examina a un detenido enfermo y si puede ser tratado en la cárcel. La decisión sigue en manos de cada juez.

Narración con voz generada por IA
Redacción Método Crítico · Buenos Aires · · 3 fuentes citadas
Fachada del Palacio de Justicia de la Nación, sede de la Corte Suprema, en Buenos Aires
Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema, en 2008. Foto: Roblespepe / Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0 · Fuente

La Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó un protocolo del Cuerpo Médico Forense, el cuerpo de peritos médicos del Poder Judicial, para evaluar la salud de las personas detenidas que piden cumplir su detención en su casa por razones médicas. Es la Resolución 2867/2026, fechada el 12 de noviembre y publicada este lunes en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente del tribunal, Horacio Rosatti, y del vicepresidente, Carlos Rosenkrantz[1].

El documento se llama «Protocolo médico sobre el estado de salud de los internos penitenciarios y las posibilidades de su tratamiento en el establecimiento en el que se encuentran alojados» y figura como anexo de la resolución. Según la Corte, fue elaborado «sobre la base de criterios científicos» y está destinado a «organizar y uniformar la tarea de constatación de los aspectos médicos y penitenciarios legalmente exigidos»[1].

Qué ordenó la Corte en agosto

El encargo surgió de la Acordada 21/2026, del 21 de agosto. Allí, el tribunal recordó que la prisión domiciliaria está regulada en los artículos 32 a 34 de la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad como una «alternativa para situaciones especiales», y que también se aplica a las detenciones preventivas[2].

Los casos de salud son tres, previstos en los incisos a), b) y c) del artículo 10 del Código Penal y del artículo 32 de esa ley: que la cárcel le impida al detenido enfermo recuperarse o tratar su dolencia, o que corresponda internarlo en un hospital; que padezca una enfermedad incurable en período terminal; o que, por tener una discapacidad, la detención en la cárcel le signifique un trato indigno, inhumano o cruel. En esos supuestos, la ley exige que el juez decida con informes médico, psicológico y social[2].

La Corte sostuvo en la acordada que el juez «debe adoptar una decisión que involucra materias que son ajenas a su campo de conocimiento» y que por eso necesita la opinión de expertos. Pidió que el protocolo incluyera un examen médico, con el estado general de salud, las patologías, los tratamientos y medicamentos indicados y el diagnóstico de enfermedad curable, incurable o terminal, y la verificación de las condiciones concretas de detención y de las posibilidades de tratamiento dentro de la unidad penitenciaria[2].

También ordenó fijar qué información están obligadas a entregar las autoridades penitenciarias, para cruzar las condiciones reales de detención con las que el preso necesita para recuperarse según el informe médico. La acordada le dio al decano del Cuerpo Médico Forense 30 días corridos para presentar el protocolo y le encargó actualizarlo periódicamente[2].

La decisión sigue siendo del juez

El protocolo no cambia los requisitos legales para la domiciliaria ni la concede por sí solo. La acordada lo define como una «orientación para la decisión sobre la procedencia de la detención domiciliaria» y aclara que se aplica «sin perjuicio de los demás informes y condiciones que los jueces como directores del proceso consideren requerir y evaluar»[2].

La resolución publicada este lunes dice que el Cuerpo Médico Forense presentó el protocolo con los requisitos de la Acordada 21/2026. Ordena difundirlo entre las cámaras con competencia penal del Poder Judicial de la Nación, y por su intermedio entre los tribunales que dependen de ellas, y comunicarlo a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y a los ministerios de Justicia y de Seguridad de la Nación[1].

Dos firmas en lugar de tres

La acordada de agosto llevó las firmas de Rosatti, Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti[2]. La resolución de aprobación tiene solo las de Rosatti y Rosenkrantz, y se adoptó, según su texto, «en razón de la cantidad de Ministros habilitados que participan», de acuerdo con el punto segundo de la Acordada 12/2024[1]. La acordada de agosto, firmada por los tres, había invocado esa misma norma con las mismas palabras[2].

El peso de las causas de lesa humanidad

Según la última actualización trimestral de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal, publicada el 16 de septiembre de 2026, hay 509 personas detenidas en esas causas: 436 con arresto domiciliario, 59 en la Unidad Penitenciaria 34, que funciona en la guarnición militar de Campo de Mayo, y 14 en otros establecimientos penitenciarios. Es decir, el 85,7% está detenido en su casa. La Procuraduría no informa cuántas de esas domiciliarias se concedieron por razones de salud y cuántas por otros motivos, como la edad[3].

Detenidos en causas de lesa humanidad, septiembre de 2026
Total de detenidos
509
Arresto domiciliario
436
Unidad Penitenciaria 34 (Campo de Mayo)
59
Otros establecimientos penitenciarios
14
Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad[3].

El mismo relevamiento registra 1.254 personas condenadas en 376 sentencias desde que se reanudaron los juicios, en 2006[3]. El protocolo, sin embargo, no distingue por tipo de delito: alcanza a cualquier persona detenida que pida la domiciliaria por razones de salud ante un tribunal penal del Poder Judicial de la Nación[1].

Compartir

Fuentes

  1. Boletín Oficial de la República Argentina. «Corte Suprema de Justicia de la Nación. Resolución 2867/2026». 2026-11-16. boletinoficial.gob.ar
  2. Corte Suprema de Justicia de la Nación. «Acordada N° 21/2026 (Expediente N° 5034/2026)». 2026-08-21. csjn.gov.ar
  3. Ministerio Público Fiscal de la Nación (Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad). «Desde 2006, tribunales de todo el país dictaron 376 sentencias por crímenes de lesa humanidad y condenaron a 1.254 personas». 2026-09-16. fiscales.gob.ar