domingo 15 de noviembre de 2026Ingresar
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Política · Justicia

Fiscales imputaron a Lázaro Báez por dirigir desde la cárcel de Ezeiza una red de lavado de activos y el juez le dictó prisión preventiva

Según la acusación, el empresario seguía explotando estancias y propiedades embargadas a través de una línea telefónica registrada a nombre del Servicio Penitenciario Federal. La fiscalía estima el flujo de fondos en $ 390,88 millones.

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Redacción Método Crítico · Buenos Aires · · 1 fuente citada
Hojas manuscritas incautadas en la celda de Lázaro Báez; en una se lee el título «EL CLAN» sobre una lista de nombres
Anotaciones incautadas en la celda de Báez en Ezeiza[1]. Foto: Ministerio Público Fiscal (expediente judicial) · Foto oficial

Los fiscales federales de Río Gallegos imputaron al empresario Lázaro Báez, que cumple una condena de 15 años de prisión en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, por encabezar desde allí una organización de diez personas que, según la acusación, siguió explotando bienes alcanzados por la ejecución de sus condenas. La fiscalía estimó el flujo de fondos de la maniobra en $ 390.880.000.[1]

La imputación se formalizó el jueves 12 de noviembre en dos audiencias ante el juez federal de Garantías de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez. La presentaron el fiscal federal Julio Zárate, titular de la Unidad Fiscal Río Gallegos, y el auxiliar fiscal Jorge Rodríguez Ponte, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). En total fueron imputadas 16 personas en dos causas conexas: la de lavado atribuida a Báez y a su entorno, y otra contra nueve integrantes de una supuesta organización dedicada al tráfico de cocaína al menos desde diciembre de 2025.[1]

El juez declaró legales 12 detenciones, las convirtió en prisión preventiva y fijó en dos años el plazo máximo de las investigaciones, como había pedido el Ministerio Público Fiscal (MPF). A otros cuatro imputados les impuso medidas de coerción. En la causa de lavado, la preventiva alcanzó a Báez, a su pareja, identificada por el MPF con las iniciales C. I., y a los imputados C. S. I., F. D. y O. N.; a J. A. y J. U. se les impuso una medida de coerción en esta causa; ambos están además detenidos en la causa por narcotráfico, donde sí recibieron preventiva.[1] La formalización abre la etapa de investigación: ninguno de los imputados fue juzgado todavía por estos hechos.

La acusación

Según la fiscalía, Báez administró, explotó y puso en circulación activos de origen ilícito que habrían sido sustraídos de la ejecución de las condenas que pesan sobre él y cuya administración le está prohibida por el artículo 12 del Código Penal. La calificación que propuso la fiscalía incluye lavado de activos agravado, asociación ilícita, insolvencia fraudulenta y defraudación.[1]

Entre los bienes que menciona la investigación figuran las estancias Alquinta, La Entrerriana y Cruz Aike; las sociedades Kank y Costilla y Austral Agro; unidades del edificio Koonek, cinco de las cuales están hoy a nombre de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; alquileres cobrados a tres empresas y un inmueble sobre la costanera de El Calafate. También dos galpones cuya venta se habría pactado en $ 250 millones y un Ford Mondeo de Báez, que fue secuestrado.[1]

De acuerdo con la investigación, Báez daba órdenes desde una línea telefónica registrada a nombre del Servicio Penitenciario Federal y en una escucha se llamó a sí mismo «el dueño de la historia»; su entorno lo llamaba «Antonio» o «el Tío». En la audiencia, la fiscalía reprodujo conversaciones en las que el empresario daba instrucciones sobre sus campos. En una de ellas dijo: «decile me dijo el Tío que ponga el que estuvo administrando la Entrerriana, y el que está administrando la Entrerriana ponga a uno de su confianza para hacer los trabajos y yo voy a supervisar los dos lados».[1]

Video publicado por Clarín en X

Según la fiscalía, debajo de Báez había una conducción integrada por su pareja y por C. S. I.; un grupo familiar que aportaba logística y prestaba su nombre como titular de bienes; dos personas encargadas de justificar los fondos con actividad agropecuaria; una asistencia contable y otros tres intervinientes con funciones financieras, de enlace y de relevamiento de los campos. En el allanamiento de su celda se incautó una hoja en la que Báez escribió una lista de nombres encabezada por el título «EL CLAN», junto con contratos de arrendamiento y listados de deudores.[1]

El vínculo con la causa por narcotráfico

La investigación sobre Báez nació de las escuchas ordenadas en la causa por narcotráfico. El nexo, según la fiscalía, es C. S. I., a quien considera «operador de hecho y administrador territorial» del empresario y, a la vez, jefe de una banda que trafica drogas en Santa Cruz. Los fiscales le atribuyen a esa organización la venta de alrededor de 60 kilos de cocaína desde diciembre de 2025, transportada en camiones de una empresa y distribuida desde un lavadero y lubricentro de Río Gallegos, y el reciclaje de las ganancias mediante billeteras virtuales, testaferros y la compra de vehículos de alta gama.[1]

«Estamos frente a una organización estable, con distribución de roles, que opera sobre un patrimonio de magnitud millonaria y cuya actividad se encontraba en plena ejecución al momento de las detenciones», sostuvo Zárate. En esa causa, el juez dictó la preventiva de J. U., J. A., J. B. y C. S. I., impuso arresto domiciliario a P. L. y P. B., ordenó el embargo de los vehículos secuestrados y amplió el levantamiento del secreto bancario de los imputados.[1]

Las valijas en Ezeiza

El caso se aceleró el lunes 9 de noviembre, cuando Aerolíneas Argentinas alertó sobre el embarque inminente de tres personas del entorno de Báez en un vuelo hacia Buenos Aires con cuatro valijas grandes. La Prefectura Naval interceptó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a la pareja del empresario, a C. S. I. y a su pareja, V. D. En el equipaje se hallaron el pasaporte de Báez, un disco rígido externo, teléfonos, seis tarjetas SIM, divisas, tarjetas bancarias con sus claves anotadas y una carpeta con rendiciones de cuentas y listados de proveedores. Después se hicieron 18 allanamientos simultáneos en Río Gallegos, El Calafate, estancias de Santa Cruz y la celda de Báez.[1]

Fachada de la casa donde Lázaro Báez cumplió arresto domiciliario, allanada en el operativo
Casa donde Báez cumplió arresto domiciliario, allanada en el operativo[1]. Foto: Ministerio Público Fiscal (expediente judicial) · Foto oficial

Las fiscalías ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal N° 1, N° 2 y N° 6, a cargo de los fiscales generales Diego Luciani, Abel Córdoba y Diego Velasco, aportaron el detalle de los bienes que permitió acreditar el estado de ejecución de la pena de Báez y la situación de los bienes embargados o destinados a decomiso.[1]

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Fuentes

  1. Ministerio Público Fiscal de la Nación (fiscales.gob.ar). «Río Gallegos: imputaron al empresario Lázaro Baez por liderar una organización dedicada al lavado de activos desde la cárcel». 2026-11-13. fiscales.gob.ar